Solo el 8% de los funcionarios de la Administración de Justicia en Galicia participan en la primera fase del plan de recuperación del trabajo perdido por la huelga de más de cien días que se produjo entre febrero y mayo.
De los 2.700 trabajadores que forman la plantilla, alrededor de 1.600 se apuntaron de forma voluntaria para descongestionar, sobre todo, los registros civiles. Durante los paros, más de 17.000 actos jurisdiccionales, en su mayoría juicios, tuvieron que ser aplazados.
Esta primera fase del plan arrancó el 15 de junio y finalizará el 31 de julio. En ella participan 222 trabajadores, lo que supone un 8% del total de la plantilla y un 13% de los que se apuntaron al plan.
El bajo número se explica porque en esta primera fase, los refuerzos, salvo excepciones, solo se han realizado en órganos no judiciales de las siete grandes ciudades, como registros civiles, servicios de notificaciones y embargos o el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), donde trabajan los forenses.
De los 222 funcionarios, 63 pertenecen a A Coruña; 46 a Vigo; 33 a Pontevedra; 29 a Ourense; 19 a Lugo y 16 a Ferrol y Santiago.
La segunda parte del plan, la más importante, arrancará a mediados de septiembre y ya afectará a los órganos judiciales. Será el momento en el que comenzarán a celebrarse los juicios que fueron aplazados a causa de la huelga.
Hasta entonces no se producirá ningún alivio en los juzgados, que siguen con el mismo número de juicios pendientes que al final de la huelga. Debido al paro, algunos de los juicios se señalaron para 2020.
Esta segunda parte del plan se ha retrasado a mediados de septiembre para, en primer lugar, evitar el mes de agosto que es inhábil desde el punto de vista judicial, y, en segundo lugar, disponer de las estadísticas judiciales del primer semestre del año que permitan conocer de forma más exacta los juicios pendientes y las cargas de trabajo de cada uno de los juzgados.
En la primera fase, el coste de las horas extras las abona la Xunta, pero la segunda necesitará, además, de fondos estatales para pagar los salarios de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó esta semana que espera que la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, mantenga el compromiso del anterior titular del departamento, Rafael Catalá, de abonar esas horas.
Los sindicatos reconocen que el refuerzo, sobre todo en los registros civiles, ha sido positivo, pero destacan que el atasco aún continúa porque durante el mes de julio los emigrantes que vuelven por vacaciones a Galicia aprovechan para acudir a los registros civiles por lo que volumen de trabajo aumenta en esta época del año.
También afirman algunos funcionarios que con el plan de trabajo ideado por la Xunta no se va a recuperar el trabajo "en tres meses, sino que tardará más de un año".
Según el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, se suspendieron 17.177 juicios y otras actuaciones judiciales en Galicia: 6.921 (el 40,2% del total) en A Coruña; 2.139 (el 12,4%) en Lugo; 2.382 (13,8%) en Ourense y 5.735 (33,3%) en Pontevedra.
Por su parte, el fiscal del TSXG, Fernando Suanzes, ha estimado que el paro indefinido en la justicia gallega hizo perder unas "50.000 horas" en la Fiscalía ya que se computaron "unas 400 horas perdidas" por cada uno de los 124 funcionarios que este departamento tiene en Galicia.
Suanzes confía en que, con la colaboración de la Xunta y con la llegada de fiscales de refuerzo por parte del Ministerio de Justicia, "en unos tres o cuatro meses" se pueda poner a la Fiscalía "en una situación similar a la de antes de la huelga".
