En plena campaña de alto riesgo y con el mercurio por encima de los 30 grados en casi toda la comunidad, la vigilancia del monte es clave para disuadir a los incendiarios que cada año reducen a cenizas miles de hectáreas. Desde el 1 de julio y hasta el 31 de octubre, las quemas agrícolas y forestales están prohibidas en Galicia para evitar escapes que una temporada más coloquen a la comunidad en el mapa de las zonas más castigadas por las llamas. Durante este periodo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado peinan los caminos y pistas en busca de vehículos sospechosos y recorren las parroquias de alta actividad incendiaria como medida de prevención. En el punto de mira están los incendiarios reincidentes o sospechosos de fuegos de años pasados. En torno a un centenar son sometidos a un plan de seguimiento con el que se persigue erradicar la cultura del fuego que solo en la ola de octubre del año pasado devoró casi 50.000 hectáreas. Pero en el operativo de control de la Policía Autonómica hay un grupo más reducido al que se vigila "de forma más específica", según detallan desde la Consellería de Presidencia. Se trata de un total de 28 incendiarios de máximo riesgo sometidos a una vigilancia más exhaustiva en sus desplazamientos habituales. El testimonio de los vecinos y las visitas al domicilio resultan cruciales en el dispositivo de vigilancia a los sospechosos de mayor peligrosidad.
En los primeros seis meses del año, fueron arrestados 63 incendiarios en la comunidad: 32 fruto de investigaciones de la Policía Autonómica y 31 por parte de la Guardia Civil, lo que se traduce en una media de diez detenciones cada mes.
Bajo el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están los incendiarios que salen de prisión o del psiquiátrico tras haber cumplido condena, sospechosos de haber prendido fuego en un terreno próximo a su vivienda o en un concello limítrofe o aquellos vecinos que han sido vistos en varias localidades asoladas por las llamas. Este censo, en el que están un centenar de personas, comenzó a elaborarse tras la ola de incendios de 2006 que calcinó cerca de 100.000 hectáreas en los montes gallegos.
Entonces, la Fiscalía encargó un estudio para elaborar un perfil del incendiario en la comunidad, un informe que sirvió como punto de partida para la elaboración de una base de datos en la que figuran los detenidos desde entonces. En la actualidad, esta herramienta es utilizada para hacer un seguimiento exhaustivo en la época de máximo riesgo, que este año por primera vez se amplía hasta el 31 de octubre, a aquellos que han sido condenados por prenden fuego al monte, pero también a los sospechosos de estar detrás de uno o varios delitos contra el medio ambiente.
La Policía Autonómica intenta "controlar" a todos los detenidos por delitos de incendios forestales, de forma que cuando se detectan nuevos focos en una zona, la investigación comienza por quienes ya fueron objeto de las pesquisas policiales en otros momentos. "Esto no significa que todas estas personas estén sometidas a control policial ni tampoco a una vigilancia permanente", aclaran desde el departamento que dirige Alfonso Rueda.
Entre los sospechosos hay diferentes niveles de peligrosidad -matizan desde Presidencia- y corresponde a cada grupo de investigación de las diferentes sedes de la Unidad de la Policía Adscrita a Galicia, valorar a qué sospechosos se le dedican más recursos y se someten a un control más estrecho.
El número de reincidentes y/o sospechosos también varía en función de las circunstancias -zona ya quemada de otros años, sentirse vigilados...- al igual que las circunstancias de la detención -no es lo mismo un detenido por imprudencia, que si lo hace por venganza, o por gestión negligente o ilegal de la biomasa forestal-.
La Policía Autonómica evita detallar como se desarrolla el plan de seguimiento para el perfil de mayor riesgo, ya que los "controles" o "sistemas" de vigilancia pertenecen a la operativa policial. Pero en la base de datos que se creó hace ya más de una década y que comenzó con un pequeño grupo sometido a vigilancia, año tras año se incorporan nuevos sospechosos bajo control. Los operativos de vigilancia no suponen privación de derecho alguno, ya que no se hace puerta a puerta y se adapta a cada caso. Puede ir desde recabar información sobre su día a día con terceras personas hasta una visita a su domicilio o el seguimiento por trayectos próximos a sus viviendas en época de alto riesgo de incendios.
