La espera por la reforma del impuesto de plusvalía suma más de un año. 15 de junio de 2017. Es la fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la sentencia del Constitucional por la que declara nulo el tributo para las operaciones con minusvalía y, en consecuencia, se hace extensible a todo el territorio nacional. La modificación fiscal inició su trámite parlamentario hace tres meses de la mano del PP, con una propuesta pactada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El próximo martes día 4 de septiembre finaliza el plazo para la presentación de enmiendas, según detallan desde el Grupo Socialista en el Congreso.
Desde el departamento ahora dirigido por María Jesús Montero aseguran que dejarán que la reforma siga su curso parlamentario, sin poner objeción alguna a la propuesta pactada por el anterior Gobierno del PP con el órgano de poder local.
El presidente de la Fegamp intuye que finalmente las devoluciones serán menos de las previstas en un principio. Según estimaciones de Tinsa serían más de 18.000 los contribuyentes gallegos afectados por la sentencia del Constitucional. Sin embargo el proyecto de ley de reforma de la plusvalía limita el reintegro por minusvalías a los afectados por ventas o herencias posteriores a la fecha de publicación del fallo del Alto Tribunal, 15 de junio de 2017. Al resto de afectados -más del 80%-, salvo que se corrija en el trámite parlamentario, no le quedará otra que acudir a los tribunales. Y es que según economistas consultados por este periódico, solo compensará ir a la vía judicial si la cantidad a devolver supera los 5.000 euros.
