La caja fuerte de la Justicia en Galicia no ha dejado de crecer pese a la huelga de la plantilla que hizo caer en picado los juicios. La baja tramitación de asuntos durante los tres meses de protestas -el paro indefinido arrancó en febrero- colocó a los juzgados gallegos a la cola de litigiosidad del país, con 22 pleitos por cada mil habitantes frente a los 32 de la media nacional. La lista de más de 17.000 juicios afectados por la huelga agravó el colapso que soportan desde hace años los órganos judiciales de la comunidad y, en consecuencia, esta lentitud en la resolución de cada pleito en curso ha provocado un aumento de los depósitos bloqueados para pagos de fianzas de libertad, multas, ingresos por subastas, embargos o indemnizaciones. Al cierre del primer trimestre, los tribunales gallegos tenían inmovilizados casi 157 millones de euros, un 5% más que los 149,7 millones retenidos en el mismo periodo del año pasado, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). O lo que es los mismo, los jueces bloquean cada día en Galicia en cuentas de consignaciones más de 1,7 millones de euros.
Al contrario de lo ocurrido en la comunidad gallega, las arcas de la Justicia en el conjunto del país se han visto mermadas. Los juzgados españoles cerraron el primer trimestre del año con 4.274 millones retenidos, casi un 3% menos que los fondos bloqueados entre enero y marzo del ejercicio pasada (entonces fueron casi .4.400 millones). Al cierre de 2017 la radiografía de las consignaciones y depósitos judiciales reflejaba un descenso en los fondos retenidos en los tribunales de España (4.150 millones, un 1,9% menos que en 2016) frente a los más de 159,4 millones inmovilizados en la comunidad gallega, con un 2% más que un año atrás.
Estos fondos provienen del pago por parte de los ciudadanos desde fianzas de libertad hasta multas e indemnizaciones e incluso subastas y embargos judiciales. Una vez se dicta sentencia, los jueces determinarán a qué manos van a parar las partidas congeladas. Buena parte suele devolverse a los propios litigantes, aunque sin intereses, o bien van a parar a la parte contraria si así se resuelve. Algunas de esas entregas corresponden al Ministerio de Justicia, como son los ingresos para la interposición de un recurso. Sin embargo, hay miles de euros que tras años congelados en el banco se quedan en las arcas del Estado porque si una vez finalizado el proceso judicial los ciudadanos no reclaman las cantidades, estas pasan a las arcas del Estado, al igual que los depósitos en concepto de fianza de acusados en rebeldía y aquellas consignaciones con algún error formal.
Provincias
En Galicia, la provincia de A Coruña se mantiene a la cabeza con 84,25 millones inmovilizados en el arranque del año a la espera de sentencia firme. El volumen de los fondos retenidos en los órganos judiciales de A Coruña, sede de un mayor número de instancias judiciales en la comunidad, la coloca en el duodécimo puesto del conjunto nacional.
Lideran el ranking del Estado los tribunales de Madrid, con 1.526,4 millones inmovilizados (el 36% del total en España), seguidos a gran distancia de los tribunales de Barcelona (417,4 millones), Alicante (174,3 millones), Málaga (168,6) y Valencia (156,49). En el otro extremo de la tabla se encuentran Teruel (2,03 millones), Soria (3,49), Ávila (4,8) y Segovia (5,1).
El repunte en las consignaciones judiciales de A Coruña es leve (0,25%) en relación al aumento registrado en los juzgados de las otras tres provincias gallegas. El mayor incremento en la comunidad lo experimentaron los juzgados de Lugo, hasta llegar a los 16,22 millones, un 12,2% más que hace un año. Le siguen en la lista Pontevedra, con 47,07 millones, casi un 11% más que el primer trimestre de 2017, y Ourense, con 9,39 millones, más de un 8% que el primer trimestre de 2017. Estos datos sitúan los órganos judiciales pontevedreses en el decimoctavo puesto del conjunto nacional; mientras que los de Lugo y Ourense están al final de la tabla, en los puestos 13 y 9, respectivamente, por la cola.
Desde el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) advierten de que las elevadas cantidades inmovilizadas en los juzgados son, en parte, consecuencia de la lentitud de la Justicia, por lo que lleva años ya reclamando reformas que aceleren las resoluciones.
Con un sistema judicial más ágil, estos fondos podrían volver al circuito económico en beneficio de los particulares y de las arcas públicas. Los procesos mercantiles, según detallan fuentes judiciales, son los que mayor cantidad de depósitos realizan, de manera que la demora en la resolución de esos litigios puede provocar, por ejemplo, que una empresa quiebre por tener fondos bloqueados.
