El hasta ayer director de Seguridad de Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, es uno de los siete investigados en el caso Alvia sobre el accidente ferroviario en Angrois en julio de 2013 en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas. A Lanchares se suman dos altos cargos de Adif, el maquinista y tres técnicos de la consultora Ineco. El directivo de la operadora ferroviaria ya había presentado su dimisión el pasado octubre después de que el instructor de la causa, Andrés Lago Louro, lo citase como investigado, pero Renfe, bajo el mando del anterior Ejecutivo del PP, no aceptó la dimisión. Sin embargo, ahora el Ministerio de Fomento del Gobierno socialista sí la ha admitido y ya se ha formalizado. La dimisión se produce justo en la misma semana en la que la Plataforma Víctimas Alvia 04155 solicitó en su reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el cese del responsable de Seguridad de Renfe al considerar "vergonzoso" que una persona "investigada por 80 muertes por imprudencia" se mantuviese en el puesto. El ministro les prometió que evaluaría la propuesta y han bastado tres días para que se haya materializado.

En la reunión del pasado martes Ábalos pidió perdón a las víctimas por el accidente de Angrois en nombre del actual Gobierno central y aseguró "tomar buena nota de sus reivindicaciones", entre ellas el cese de investigados y la creación de una comisión independiente. El cese de Lanchares es el primero de los investigados en el caso Alvia. Tras conocerse la noticia, las víctimas admitieron es "un buen inicio" aunque aclaran que se tendría que haber producido "antes". El portavoz de la plataforma de afectados, Jesús Domínguez, avisa de que la pelota está ahora "en el tejado de Adif" e insta a la nueva presidenta del administrador ferroviario, la gallega Isabel Pardo de Vera, a que haga lo mismo con el exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. Aunque ya no ocupa el puesto que tenía en 2013 creen que también debería de dejar de estar al frente de la Subdirección de Gestión Logística de Aprovisionamiento. Este nuevo departamento en el que fue reubicado se creó precisamente el pasado junio poco antes de la llegada de Pardo de Vera a la dirección de Adif.

Las víctimas consideran que si Lanchares tiene responsabilidad por pedir la desconexión del sistema de frenado automático Ertms en la línea Santiago-Ourense donde descarriló el Alvia, Cortabitarte "tiene aún más" por "autorizar esa desconexión". Recuerdan además que en julio del año pasado el juez Lago Louro citó a declarar al exresponsable de Seguridad de Adif por decidir la puesta en servicio de la línea "pese a no haber realizado una evaluación de riesgos integral a la que obligaba la normativa" y que permitiría reducir la peligrosidad en la curva de A Grandeira en la que se produjo la tragedia.

La declaración de Cortabitarte propició que el magistrado citase a declarar y luego investigase al director de Seguridad en la Circulación de Renfe. Cortabitarte situó a Lanchares en una situación equiparable a la suya por tener "un cargo de responsabilidad idéntico", de forma que cualquier defecto en el análisis de riesgos sería, en su opinión, "corresponsabilidad de ambos". Sin embargo, en su comparecencia ante el juez el pasado noviembre, el representante de Renfe delegó toda la responsabilidad en Adif por "no comunicarle el peligro".

En cuanto a la creación de una comisión técnica independiente, el ministro se comprometió a buscar fórmulas para que estos organismos no dependan de un departamento estatal. Por ahora, la única comisión puesta en marcha es la que arrancó el pasado julio en el Congreso tras meses de bloqueo. Primero el PSOE se oponía a su constitución y tras su cambio de postura con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno los grupos parlamentarios discrepaban sobre la presidencia. También la Comisión Europea hizo saber a Fomento que es necesaria unan nueva investigación al constatar que la realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "no fue independiente".