20 de septiembre de 2018
20.09.2018

La Xunta multa con 30.000 euros a la minera de Touro por vertidos contaminantes al Ulla

La empresa alega que el incidente fue consecuencia de las lluvias

20.09.2018 | 01:27

La mina de cobre que Explotaciones Gallegas pretende reabrir en el límite de los concellos coruñeses de Touro y O Pino en alianza con la multinacional Atalaya Mining recibe otro varapalo. Si el pasado junio la Xunta anunciaba que la iniciativa era "inviable" tal como estaba presentado salvo que se demostrase lo contrario en los informes técnicos que elaboran expertos para Cobre San Rafael -la sociedad que tramita la autorización con la Xunta- ahora el proyecto recibe su primera sanción. Augas de Galicia ha multado con 30.000 euros a Explotaciones Gallegas por "un vertido no autorizado" a dos afluentes del río Ulla, el Burgo y el Brandelos, que califica como "infracción leve". El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente aclara en su resolución que "la excusa de la recuperación paisajística que alega la empresa no le permite realizar vertidos contaminantes al dominio público".

Explotaciones Gallegas, propietaria de los terrenos, anunció que recurrirá la sanción porque que el vertido se debe a que "las fuertes lluvias" de diciembre de 2017 y del pasado enero provocaron un "escurrimiento de una ladera en la que se habían aplicado tecnosoles para restaurar el suelo", por lo que "no se trata de un vertido intencionado, sino de un accidente por condiciones climatológicas adversas".

La asociación Aldea Viva echa en falta en el escrito de Augas de Galicia "medidas para evitar nuevos vertidos". La organización ya había advertido que la empresa "depositaba toneladas de residuos contaminantes que llegaban a los cursos fluviales" y acusa a la propietaria de los terrenos de usa la mina como "un macrovertedero". La posible contaminación del agua ha sido uno de los ejes de las denuncias públicas de los detractores del proyecto, al entender que utilizaría agua de manantiales hasta llegar al Ulla, que abastece a 13 ayuntamientos.

Cuando el pasado febrero Aldea Viva denunció vertidos al Brandelos, Cobre San Rafael se comprometió a corregir cualquier anomalía relacionada con las aguas superficiales ocasionada por la anterior empresa e incluso acciones posteriores causantes del desbordamiento de productos contaminantes en esta zona. Además, encargó al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un estudio, del que aún no se conocen los resultados, sobre el impacto de la mina de Touro en el Ulla, en concreto, acerca del estado del río y de su desembocadura en la ría de Arousa para descartar que la extracción pueda afectar a la pesca y el marisqueo, ya que en esta zona se encuentra el mayor caladero de Galicia.

Por otra parte, los partidos de la oposición en O Pino denunciaron "las irregularidades efectuadas por Cobre San Rafael en sus labores de estudio y sondajes mineras". Según el concejal del PSdeG Óscar Vilar la denuncia ya ha dado lugar a un expediente sancionador por daños en bienes de titularidad pública que el Concello de O Pino ha trasladado a la Axencia de Protección de la Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta en el marco del proceso de reposición de la legalidad del proyecto, que está en fase de estudio. La plataforma vecinal Mina Touro-O Pino Non denunció el pasado marzo que la promotora habría llevado a cabo de manera ilegal y sin licencia municipal más de 360 sondeos -el 60% de los 600 realizados en dos años- en pistas forestales y agrarias cuyos daños tuvo que reparar el Consistorio. Vilar explica que la empresa ya ha presentado sus alegaciones y en ellas -señala- "pone en duda" el material probatorio -un informe técnico, una acta de la policía autonómica y documentos gráficos- y pide el archivo del caso. El edil socialista lamenta que la entidad "no reconozca los hechos" y pretenda que la Administración actúe de forma arbitraria. Por eso, considera que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno gallego deben seguir adelante el expediente.

La plataforma en contra de la mina dice contar con el respaldo de las diputaciones A Coruña y Pontevedra, unas 140 organizaciones y 130 concellos, pero entre ellos no figuran los de O Pino y Touro, en los que gobierna el PP y cuyos alcaldes son partidarios de la reapertura.

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