25 de septiembre de 2018
25.09.2018
La Opinión de A Coruña

Casi 6.000 gallegos recurren en dos años contra la regularización de bienes ocultos del Catastro

Los afectados están en desacuerdo por tener que tributar por ciertos inmuebles n Hay discrepancias por la superficie o las características que les imputa el Catastro

25.09.2018 | 01:34
Casi 6.000 gallegos recurren en dos años contra la regularización de bienes ocultos del Catastro

El recibo del IBI ha subido en Galicia hasta un 8% en los últimos cinco años. La inspección masiva lanzada por el Catastro a finales de 2013 ha destapado más de 370.000 inmuebles ocultos y ha impactado directamente sobre el bolsillo de los ciudadanos que ahora tienen que pagar más por sus propiedades. El llamado catastrazo provocó malestar entre los ciudadanos, que se vieron obligados a tributar por galpones, buhardillas, naves o piscinas. Y no todos quedaron conformes. En los dos últimos años más de 5.600 gallegos presentaron un recurso ante el Catastro en desacuerdo con el resultado del procedimiento de regularización catastral.

El motivo de disconformidad puede ser que no están de acuerdo con el hecho de tributar por determinados inmuebles o bien discrepan sobre la superficie o los linderos de la finca, según explican desde la Dirección General del Catastro.

Los recursos son la última vía de los afectados para intentar frenar los efectos del catastrazo una vez que ya se ha cerrado la revisión. Durante el proceso de regularización los ciudadanos pueden interponer alegaciones. Los inspectores no siempre aciertan y puede haber errores. Además de rastrear in situ los inmuebles ocultos, también usan fotos aéreas y puede haber imprecisiones. Si es así se corrigen. Si no se sigue con el procedimiento y se regularizan los bienes ocultos. Cuando esto sucede, y el afectado sigue insatisfecho con el resultado, queda la vía de recurrirlo ante Hacienda.

El Catastro investiga no solo inmuebles que están ocultos al fisco, como galpones, establos o piscinas, sino también rehabilitaciones, ampliaciones o cambios de uso que puedan subir el valor de la propiedad y, por lo tanto, estén sujetos a mayor tributación.

La revisión catastral se inició a finales de 2013. Dada su complejidad, el rastreo se hace ayuntamiento por ayuntamiento. Y, aunque debía estar finalizada en 2016, todavía quedan pendiente de este proceso de regularización unos 79 concellos en Galicia en los que el Ministerio de Hacienda tuvo que ampliar otros seis meses la inspección al no ser capaz de completarla en julio como estaba previsto.

El pasado año los gallegos presentaron un total de 2.214 recursos ante el Catastro por el procedimiento de regularización de inmuebles. Fueron menos que los 3.481 recibidos en 2016, cuando el rastreo era más intenso pues abarcaba un mayor número de concellos.

En todo caso, el descontento con el catastrazo también se traslada al Defensor del Contribuyente, una especie de Defensor del Pueblo dependiente del Ministerio de Hacienda. Este organismo recibió en 2016 -último año con datos disponibles- 300 quejas contra el Catastro de origen gallego. No son muchas pero representan un tercio de todas las que se presentaron ante esta oficina, lo que sitúa a Galicia como la comunidad con más reclamaciones.

No es casual, puesto que la comunidad gallega es una de las más afectadas por este proceso de revisión.

Se han destapado ya 370.850 inmuebles ocultos y la cifra podría incrementarse a final de año cuando finalice la inspección en los 79 ayuntamientos gallegos en los que está pendiente.

Veinticinco son de la provincia de A Coruña, entre los que están Boiro, la ciudad de A Coruña, Fisterra, Oleiros, Porto do Son, Santiso o Zas.

Entre los 19 de la provincia de Pontevedra figuran Vilagarcía, Cambados, A Estrada, Gondomar, Pontevedra, O Porriño, Sanxenxo, Tui o Barro. En Ourense son 24 los municipios afectados por la prórroga y en Lugo, 11.

Este proceso de regularización de inmuebles ocultos no es, sin embargo, el único catastrazo que ha favorecido una subida en el recibo de la contribución. El Gobierno central también decidió en 2013 incrementar los tipos del IBI que aplican los concellos y además el Ministerio de Hacienda impulsó una actualización exprés de los valores de las propiedades sobre las que se aplica el tributo para supuestamente acercarlos a la cotización del mercado.

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