Instituciones Penitenciarias ha extremado durante los últimos meses la vigilancia de presos yihadistas e incluso la ha extendido a reclusos comunes con el objetivo de evitar que los condenados por terrorismo burlen los controles de cada penal, abortar cualquier intento de captación o adoctrinamiento y prevenir la posible creación de células yihadistas entre rejas.
Junto con las cárceles, el Ministerio del Interior también estrecha el cerco sobre mezquitas, oratorios, locutorios, restaurantes, teterías, cafeterías y pisos. Hasta 34.000 focos de radicalización musulmana tiene identificados en España el Gobierno central. Según el mapa del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la comunidad gallega están controlados 410 puntos de riesgo, el doble que los detectados en Asturias (210) y más del triple que los registrados en Cantabria (138). Con la vigilancia de estos puntos, Interior trata de identificar los colectivos con mayor riesgo de sufrir una radicalización violenta y así poder actuar sobre ellos e intentar evitar la captación, adoctrinamiento o envío de jóvenes reclutados a Irak o Siria.
