Uno de cada cuatro habitantes en Galicia supera los 65 años. El envejecimiento de la población es un tema que también preocupa a la Fiscalía, que advierte de la necesidad de estar "especialmente vigilantes" ante los retos que impone una pirámide poblacional gallega, que cada vez suma más años, a la hora de proteger a los derechos de las personas de edad avanzada. El balance de las diligencias previas de incapacidad abiertas el año pasado en Galicia es reflejo de la situación que arrastra la comunidad desde hace años y que con el paso del tiempo no ha hecho más que agravarse. En 2017 se tramitaron 3.455 expedientes de incapacitación, un 32% más que los registrados hace cinco años (2.600), según desveló ayer el fiscal superior, Fernando Suanzes, a la salida del encuentro con el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, a quien entregó la Memoria Anual del año 2017.

Tras la reunión, Suanzes también mostró "cierta preocupación" por el aumento, un 25% en el último año, de la violencia machista entre los menores: el año 2014 los casos asociados a este tipo de violencia fueron 5; 11 en 2015; 16 en el año 2016, y 20 el año pasado.

Aunque todavía este tipo de hechos delictivos representa un porcentaje relativamente bajo dentro de los procedimientos judiciales relativos a menores, el fiscal superior advirtió de que "no hay que perderlos de vista y atajar esa criminalidad". "Los delitos sobre menores vienen a ser una reproducción de lo que estamos observando en el ámbito de mayores", lamentó.

En el apartado de violencia de género, el fiscal superior reiteró la necesidad de denunciar los hechos. El año pasado hubo 6.000 las mujeres víctimas, un 17,5% más que el ejercicio anterior. Las denuncias formuladas rondaron las 6.500, casi un 14% más. También se incoaron un 11% más de procedimientos en los juzgados y un 14% más de órdenes de protección.

Junto con la lucha contra la violencia de género, otra de las prioridades de la Fiscalía y la persecución de los casos de corrupción. Suanzes se mostró optimista sobre la futura creación de una fiscalía anticorrupción.