El proyecto de la mina de cobre a cielo abierto que la multinacional Atalaya Mining y Cobre San Rafael --la sociedad que tramita la autorización con la Xunta- se proponen reabrir en límites de los municipios coruñeses de Touro y O Pino se encuentra en tramitación administrativa y pendiente de resolución. Y mientras a la iniciativa se le suman detractores, ya que más de 40 concellos y las diputaciones de A Coruña y Pontevedra aprobaron mociones de censura contra la mina apoyando las reivindicaciones de la plataforma vecinal Mina Touro-O Pino NON. Además, el pasado junio la Xunta anunciaba que el proyecto era "inviable" tal como estaba presentado salvo que se demostrase lo contrario en los informes técnicos que elaboran expertos para Cobre San Rafael y en septiembre el proyecto recibió su primera sanción por vertidos contaminantes. El nuevo frente tiene que ver con el aspecto cultural a raíz de un informe técnico del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), ligado a la Unesco, que alerta de que la mina de Touro sepultará parte del Camino de Santiago original, en concreto en el ramal que une Arzúa con Armental y que está reconocido como Camino Histórico en el tramo Quión-Arca.
El organismo alerta en el informe de que de realizarse la escombrera se destruirán bienes culturales y de su entorno, lo que considera "expolio", algo prohibido por la Constitución española. Y, por tanto, alerta de que si se pierden estos valores excepcionales por los que el Camino de Santiago fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993, la ruta puede ser excluida de esta clasificación de la Unesco.
El Icomos considera que en el ramal histórico de Arzúa y Amenal era necesario que en su día la administración declarase una zona de amortiguamiento amplia que cubriese el trazado y la ladera de la montaña, pero como esta última no figura en el área de protección "se deja de proteger los valores paisajísticos y ambientales del Camino perdiendo su autenticidad". Advierten además de que desde distintos puntos de la ruta se hará patente la percepción de la actividad minera. En este sentido, el texto cuantifica que al menos tres millones de peregrinos se verán afectados por el impacto visual y acústico de la mina durante los 15 años de explotación y por eso pide a las administraciones que se planteen "si la explotación es tan relevante para Galicia como para mermar una protección milenaria a nivel internacional de un espacio singular". Por ello, el Icomos insiste en que de llevar adelante la mina de Touro el Camino "perderá su autenticidad y esencia" y su nivel de conservación estaría "bastante lejos" del 80% que motivó su declaración como Patrimonio Mundial.
Las plataformas Mina Touro- O Pino NON y Pola Defensa da Ría de Arousa insistieron ayer en la "inviabilidad" de la iniciativa y denunciaron la dejadez tanto del Estado como de la Xunta en su obligación de proteger los Caminos de Santiago y velar porque las obras y actividades en su entorno sean "compatibles con la conservación de la ruta".
Por su parte, la promotora de la explotación rechaza las conclusiones de Icomos y aclara que solo corresponde a la Xunta velar por que este tipo de proyectos cumplan las normas que protegen los bienes patrimoniales en Galicia. Desde Cobre San Rafael apuntan que el informe es "inexacto" y está "desactualizado", porque obvia las "medidas correctoras dictadas por la Dirección Xeral de Patrimonio recogidas por la empresa en un informe complementario" y aclaran que este departamento comunicó a la compañía que la explotación no se encuentra en el territorio histórico del Camino de Santiago.
