El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela decretó ayer prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el inspector de Hacienda en Vigo A. C. G., detenido en una trama de corrupción. El otro arrestado, el asesor fiscal F. G. P., fue puesto en libertad bajo fianza de 120.000 euros que puede pagar hoy.
En su caso se han adoptado medidas cautelares: deberá comparecer en el juzgado cada 15 días, se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido abandonar el territorio nacional, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ambos, que habían pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil, permanecieron desde las diez de la mañana en los juzgados compostelanos hasta pasadas las seis de la tarde.
En la causa, que se sigue por delitos contra la administración pública -cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios- y blanqueo de capitales, hay otras cinco personas investigadas y se han practicado varios registros en Vigo, tanto en domicilios como en despachos profesionales, así como otro en una asesoría de Ourense. Entre los investigados figuraran la mujer del supuesto cabecilla de la trama y un empresario. Apenas han trascendido datos ya que la operación sigue abierta y el juzgado mantiene el secreto de las diligencias.
La operación de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil, UCO, se inició a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, derivada al Juzgado de Instrucción 3 de Santiago. Se investiga si el inspector de Hacienda detenido proponía sanciones elevadas a empresas a las que sugería que contratasen al asesor fiscal arrestado.
En el epicentro de los casos de la trama de corrupción de Hacienda que investiga la UCO se encuentra el de Redcom, que llevó al empresario vigués Manuel Ferreira, pionero de la telefonía en Galicia, a cerrar sus 300 tiendas y enviar al paro a casi 400 trabajadores tras ser acusado de un supuesto delito de fraude fiscal por 8,5 millones de euros y que acabó una década después, al celebrarse el juicio, con su total absolución.
El inspector de Hacienda que llevó el caso y que llegó a ser jefe de la unidad regional de la Inspección en Vigo fue A. C. G. Ferreira, dueño de una de las mayores colecciones privadas de coches de España, es solo uno de los empresarios afectados, si bien su caso es el de mayor envergadura dados los perjuicios ocasionados y la elevada cantidad reclamada.
El empresario vigués, al que se abrió un expediente, se negó en 2005 a llegar a acuerdo alguno con la Agencia Tributaria y a pactar con el inspector pues ya había pagado 5 millones en tributos al fisco aquel año. El caso Redcom estalló en 2006 cuando, a propuesta del inspector, Hacienda le retuvo 3 millones de euros e interpuso una demanda penal contra Ferreira y un socio por presunto delito fiscal por un fraude carrusel del IVA en los ejercicios 2003, 2004 y 2005.
Acusado por la Fiscalía, que pedía 12 años de cárcel y 8,5 millones de multa, quedó en 2015 absuelto por el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo. La sentencia, que llegó después de que su defensa desmontase las acusaciones con la documentación de la Agencia de Tributaria y miles de facturas que guardaba el empresario, fue ratificada por la Audiencia Provincial.
Sin embargo, después de que se cerrase la vía penal, Hacienda, al parecer a iniciativa del inspector, abrió la vía administrativa, de forma que la devolución del dinero fijado en la sentencia, 8,5 millones de euros, sigue paralizada.
