El sector del automóvil copa la mitad de las multas impuestas el pasado año por el Instituto Galego de Consumo (IGC). Defectos en la mecánica o los extras del coche, incumplimiento del contrato de compraventa, publicidad supuestamente engañosa, entre otras irregularidades, obligaron a la Xunta a abrir 222 expedientes sancionadores el pasado año a estas empresas con un importe de 5,4 millones de euros, lo que supone un 18% más que en 2017.
El automóvil lleva años bajo la lupa de Consumo. El llamado dieselgate, el trucaje de los motores para sortear las restricciones en las emisiones contaminantes, dispararon en 2016 las sanciones de Consumo contra las empresas del sector. Ese año se abrieron expedientes sancionadores por 11,1 millones de euros. Tras el escándalo, en 2017 la situación se normalizó y las multas bajaron a la mitad, pero en 2018 volvieron a crecer un 18% motivadas. Las ventas de coches siguen así encabezando las sanciones en materia de consumo por parte de la Xunta.
Las eléctricas ocupan el segundo puesto, aunque ha descendido tanto el número de expedientes abiertos (112) como la cuantía de las multas a las que han tenido que hacer frente. El pasado año se sancionó con 997.000 euros a estas empresas, un 58% menos que en el año anterior. Otro sector conflictivo es el de la telefonía, de hecho, es el que encabeza las reclamaciones de consumidores que llegan al IGC.
A consecuencia de estas denuncias la Xunta abrió 213 expedientes a compañías telefónicas (un 18% menos que en el año 2017). Las multas a las que tuvieron que hacer frente se elevaron a 899.000 euros.
En el ámbito de los transportes se incrementaron notablemente las multas, un 155 por ciento más, pasando de 243.000 euros a 623.000 el pasado año.
La Xunta abrió también 123 expedientes sancionadores por ventas de aparatos eléctricos o electrónicos (486.222), otros 68 en el sector del turismo y el ocio (301.000 euros de multa), 66 en el de la alimentación (358.609 euros), 50 en textil y calzado (178.800 euros), 42 relacionados con salud y estética (111.406), 33 a bancos (69.500 euros) y 22 a colegios y centros de enseñanza (82.300).
En total, Consumo abrió 1.454 expedientes sancionadores el pasado año por una cuantía total de 11,1 millones, un 3,84% menos que el año anterior.
En cuanto a las reclamaciones que le llegaron de los consumidores, se incrementaron un 3,93% y alcanzaron las 18.167. Tras la telefonía, el sector que recibe más denuncias es el eléctrico, el de transportes y el de automóviles.
Pero además de atender las reclamaciones y abrir expedientes sancionadores, Consumo se encarga de hacer controles de mercado sobre determinados productos. Así, según detalla la Consellería de Economía, uno de cada cuatro productos inseguros alertados en España se detectaron gracias a estas actuaciones de vigilancia. El pasado año se notificaron riesgos en 21 disfraces y 18 juguetes que se estaban comercializando.
La labor de intermediación entre el consumidor y las empresas derivó en 3.479 laudos arbitrales, en los que en un 72% se recogieron las demandas del cliente.
