Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 aseguran estar "indignadas" por el hecho "vergonzoso" de que Adif contratase asesores para sus comparecientes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el siniestro. Adif contrató por casi 15.000 euros al despacho Hogan Lovells, en el que trabaja el abogado que defiende al cargo investigado por la tragedia, el exdirector de seguridad en la circulación Andrés Cortabitarte.
El juez y el fiscal proponen juzgar a Cortabitarte por 80 supuestos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y por 144 de lesiones, por un análisis de riesgos deficiente al que estaba obligado en la línea.
Es la misma responsabilidad que atribuyen al maquinista, Francisco José Garzón Amo, a este por circular con un exceso de velocidad tras atender la llamada del interventor.
El caso está pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña a los recursos de distintas partes contra la decisión del instructor de cerrar esta fase con estos dos imputados.
Las víctimas del Alvia recalcan que "es vergonzoso que Adif, que ya cuenta con todo el aparato del Estado, servicios jurídicos, abogacía del Estado, etcétera, contrate, para 'asesorar' a los comparecientes al despacho de abogados que defiende al cargo de Adif imputado por el siniestro".
"Ahora se entiende perfectamente por qué los técnicos de las empresas públicas no eran capaces de contestar a preguntas sencillas en el Congreso", añade la plataforma.
Por ello, censura que las "evasivas son, por tanto, una afrenta más a las víctimas, a sus familiares y al conjunto de la sociedad". "Si además provienen de funcionarios públicos y orquestadas por los dirigentes, tenemos un problema bastante grave en el Ministerio de Fomento y en Adif", agrega.
Por ello, solicitan una reunión al ministro en funciones, José Luis Ábalos, para que dé "las explicaciones oportunas" y para exigirle el cese "inmediato" de Isabel Pardo de Vera, actual presidenta de Adif y exdirectora general, "y por tanto máxima responsable de este vergonzoso asunto".
La disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales dejó la labor de la comisión de investigación sin conclusiones. La ronda de comparecencias había terminado, pero los grupos no tuvieron tiempo siquiera para comenzar a elaborar el informe.
