La Xunta defendió ayer establecer por ley su capacidad para fiscalizar las ayudas de los concellos a las líneas aéreas, como recoge el proyecto de Lei de Acción Exterior, que los alcaldes de A Coruña y Vigo han rechazado al entender que invade sus competencias.
El vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, negó que la norma suponga injerencias de ningún tipo y justificó la medida para velar por la legalidad de esos incentivos. "Lo que dice [el texto legal] es que cuando un ayuntamiento tenga intención de subvencionar una línea aérea lo que hay que hacer es examinar esa ayuda para ver si incumple o no la directiva europea", expuso. La Xunta podrá vetarla en caso de entender que es ilegal. Rueda declaró ayer que los ayuntamientos son "libres dentro de la normativa europea" y aseguró que la futura Lei de Acción Exterior "va en beneficio de todos". También se refirió a la propuesta del Gobierno central de fijar un pago "simbólico" en las autovías estatales. "Es una maniobra de distracción", dijo.
