Desde hace tiempo, este periódico viene denunciando la falta de control, por parte de las autoridades pesqueras de España, en la potencia de los motores de la flota que realiza sus capturas en aguas del caladero nacional Cantábrico Noroeste. A esta denuncia de LA OPINIÓN se ha sumado la armadora ribeirense Parleros „de antigua tradición en Ribeira„ abundando en el hecho. Sobre todo, porque Bruselas no suspende las ayudas europeas que, a buen entendedor, tendría que ser, además, el reconocimiento de que la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español ha mirado y sigue mirando para otro lado en relación al incumplimiento de esta norma sobre la potencia motriz de los barcos. Tal reconocimiento debiera ser extensivo, a la vista de las potencias que desarrollan en el mismo caladero buques de distintas nacionalidades de la Unión Europea, tan incumplidores como los españoles. Especialmente algunas unidades pesqueras con bandera de Portugal.

Para la armadora Parleros el incumplimiento más evidente se produce en la flota arrastrera. Culpa de ello tanto a los responsables de Pesca españoles como a la Comisión Europea por su inacción. Y lo más curioso es que la propia Comisión Europea reconoce la existencia de "indicios" suficientes para que Parleros emita la denuncia señalada.

Sea como fuere, no hay más que ver a los barcos, la extensión de los aparejos que estos utilizan y la potencia motriz (kW) de los buques, y el arqueo bruto (GT) de estos para extraer conclusiones. Con estos simples datos, tanto la administración española como la comunitaria tendrían motivos suficientes para, en primera instancia, obligar a los armadores a corregir tales irregularidades y, caso de no hacerlo, aplicarles la legislación comenzando por no aprobar las solicitudes de ayudas a la modernización de buques que sufragan en la medida establecida las administraciones indicadas y la entidad armadora. Y es que, se diga lo que se diga, en la mar se juega con las habichuelas de muchas familias que, cada año, se quedan sin posibilidades de pesca porque el recurso se agota. ¿Qué será de ellas el día que la Comisión Europea decida aplicar más recortes en las pesquerías objetivo?

La Comisión reconoce la existencia de culpas en el sector pesquero incumplidor; pero no se refiere claramente a los culpables de ellas cuando, en realidad, sí hay culpas, lo quiere decir que existen personas que las cometen. Y se sabe quiénes son. Por tanto, se pueden aplicar las sanciones pertinentes a aquellos que los hechos señalan como autores de faltas graves. Quiero creer que no es todo el sector. Y si lo fuera, peor todavía: más motivos para la actuación decidida y eficaz, cortando por lo sano en la flota o flotas propias, pero, al mismo tiempo, obligando a la UE a que se tomen idénticas medidas con los barcos no nacionales españoles que faenan en aguas del Cantábrico Noroeste (o de cualquier otra zona pesquera de la Unión Europea).