La vivienda no puede ser pervertida por una excesiva intervención populista

Desde Fegein ponemos la vivienda en el primer plano de la agenda económica del próximo gobierno y advertimos de las gravísimas consecuencias económicas, laborales y sociales de intervenir el mercado de la vivienda en España y consecuentemente también en Galicia. Provocar inseguridad jurídica total en la vivienda únicamente espoleará la especulación, los precios y aumentará la desigualdad social, favoreciendo las deslocalizaciones inversoras hacia el centro-norte de Portugal, en el caso de Galicia.

Desde Fegein manifestamos que la vivienda requiere contar con una normativa que aporte mayor claridad y certidumbre a todos los actores intervinientes en el mercado, por lo que apoyamos el carácter prioritario que se le debe dar a la vivienda y, en especial, consideramos de enorme interés que se proceda a la aprobación de una normativa de ámbito estatal, con rango de ley, que regule la vivienda. Eso sí, dejando a un lado las medidas populistas, que, en aras de alcanzar una mayor justicia social, pueden socavar normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico.

Reactivar la producción de vivienda Galicia en función de la necesidad de creación de hogares y sus necesidades reales de ubicación es imprescindible. Como lo es también priorizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, junto a la necesaria protección del derecho constitucional a la propiedad privada. Los empresarios inmobiliarios somos muy directos en este tema: el derecho a la vivienda digna no puede menoscabar el de la propiedad privada. En este sentido, no compartimos cualquiera medida de naturaleza expropiatoria, de control de precios o relativas a la imposición de sanciones a viviendas vacías. Y si solicitamos poner en carga todo el suelo destinado a vivienda de protección oficial retenido en manos de las distintas Administraciones Públicas. En este sentido, pedimos al sector público que haga un inventario de su suelo destinado a vivienda social disponible, procediéndose a su desbloqueo. A la vez que se unifique en un marco general las Leyes del Suelo nacional y autonómicas, reduciendo la fiscalidad sobre la vivienda, y creando un marco jurídico estable que viabilice la financiación hipotecaria, así como la seguridad jurídica en el urbanismo.

Es básico incrementar el parque de vivienda en alquiler, ámbito en el que la iniciativa privada adquiere un papel principal. Incentivando así a los propietarios de viviendas y evitando políticas y legislación tendente a la vulneración del derecho a la propiedad privada. A la vez que promovemos un mercado del alquiler eficiente y ágil que salvaguarden, de manera equilibrada, los intereses de propietarios e inquilinos, en el cual, manifestamos que el establecimiento de precios de referencia del alquiler o cualquier limitación de precios es contrario a la ley de la oferta y la demanda, y al concepto de propiedad; y máxime, en todos aquellos supuestos en los que no se haya contado con ayudas públicas en su ejecución. Y estableciendo deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios. Como llamada de atención, una Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada en 2019 que solo ha contribuido a retraer la oferta por parte de propietarios que no se sienten protegidos jurídicamente y una ley hipotecaria que no ha contribuido en absoluto a reactivar el mercado de la vivienda, sino todo lo contrario.