Galicia y Euskadi protagonizan un hecho sin precedentes en la democracia española y suspenden las elecciones autonómicas del 5 de abril. El motivo es la emergencia causada por la pandemia del coronavirus SARS-COV-2, que ha obligado a imponer el estado de alarma en España durante dos semanas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los principales partidos gallegos consensuaron ayer el aplazamiento. La nueva fecha será fijada cuando se anulen la excepcionalidad estatal y la emergencia sanitaria decretada en Galicia.
El escenario abierto es incierto ante la falta de previsión legal para la suspensión de unas elecciones. Tras el acuerdo político logrado ayer por videoconferencia, la asesoría jurídica de la Xunta comenzó a elaborar la disposición legal para concretarla. Hoy recibirán el texto PP, PSdeG, Galicia en Común, BNG y Ciudadanos -Vox fue invitado, pero no respondió- y se reunirán para analizarlo. Luego será remitido a la Junta Electoral para que lo valide.
La prioridad es atender a los enfermos, evitar más contagios y articular medidas que salven la economía del colapso, aspecto con el que coinciden Feijóo, Gonzalo Caballero (PSdeG), Antón Gómez-Reino (Galicia en Común), Ana Pontón (BNG), Beatriz Pino (Ciudadanos) y Pedro Puy (PP).
El escenario es de incerteza y la Xunta busca casar consenso político y garantías legales para establecer las condiciones y fecha de los nuevos comicios. Los partidos están de acuerdo en retomar el proceso en el momento en que fue suspendido -la campaña comenzaba el jueves-, manteniendo, por ejemplo, las listas de candidatos ya proclamadas. Es decir, quieren descontar los 15 días transcurridos desde la convocatoria de los 54 que, como mínimo, deben transcurrir entre el anuncio y la jornada de votación.
"A todos nos gustaría si es posible legalmente que las elecciones se retomasen en el punto en que se suspenden. Eso es lo que consensuamos. Cosa distinta es lo que legalmente se pueda hacer", advirtió Feijóo.
El estado de alarma limita los movimientos de ciudadanos y otras libertades, por lo que constituye la única vía legal posible para aparcar el calendario electoral. En un principio, sin embargo, Feijóo y el lehendakari Íñigo Urkullu señalaron al Gobierno central como competente en esa decisión. Ahora se consideran los facultados para firmar el decreto de suspensión. Los partidos vascos pactaron ayer celebrar comicios "el primer domingo disponible" después de la emergencia.
La discusión legal parte de una premisa. "Las elecciones no pueden celebrarse mientras no finalicen el estado de alarma y el estado de emergencia sanitaria declarado por la Xunta. Solo cuando se den estas dos consideraciones se pueden retomar", especificó Feijóo. "La elección prioritaria es derrotar a la pandemia", resumió.
Galicia y Euskadi comparten cita electoral desde 2009 y Feijóo avanzó que preferiría fijar una fecha coincidente de nuevo, pero condicionó ese escenario a la evolución de la pandemia en cada comunidad.
El encuentro telemático de Feijóo con los principales partidos gallegos se saldó con un mensaje de unidad y lealtad y un acuerdo para reforzar el papel de la diputación permanente, el único órgano en funcionamiento del Parlamento, que está disuelto, por lo que las opciones de control a la Xunta por parte de la oposición son reducidas. Ese órgano se reúne hoy para analizar esta cuestión.
El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, se mostró dispuesto a debatir que los comicios se celebrasen incluso el 27 de septiembre, fin de la legislatura, para concentrar los esfuerzos en la crisis. "El escenario es imprevisible y debemos centrarnos en luchar contra el virus. Debemos fijar si no una fecha, sí un sistema de cómo se fija la fecha", resumió.
"Es importante que exista una regla clara de cómo se va a establecer el nuevo tiempo electoral y esa regla tiene que ser consensuada", destacó, recordando el argumento ofrecido por la Junta Electoral de Galicia. En el terreno propositivo, reclamó al Igape abrir líneas de crédito a las empresas.
El candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, señaló la necesidad de "dejar fuera de la agenda actual las elecciones del 5-A para destinar todas las fuerzas y recursos a la crisis sanitaria". También se mostró reacio a abordar una nueva fecha de los comicios de forma inmediata, ante las incertidumbres legales existentes.
Gómez-Reino, que pidió la suspensión de los desahucios durante la crisis, mantiene la cuarentena en su domicilio que comenzó el jueves pasado tras anunciarse el positivo por COVID-19 de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la que comparte grupo en el Congreso. Ha sufrido síntomas de esta enfermedad estos días, pero aún no tiene el resultado de la prueba que le realizaron ayer.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, defendió como única salida borrar el 5-A del calendario hasta el momento en que no haya "ninguna alerta", pero abogó por señalar "fecha orientativa". También consideró imprescindible potenciar el papel de la diputación permanente y propuso una moratoria en el pago de hipotecas o de recibos de luz y agua.
Beatriz Pino, de Ciudadanos, se sumó al consenso sobre la inviabilidad de celebrar elecciones y Pedro Puy (PP) destacó la unidad de acción.
