Ventas o herencias de pisos, coches... Bajo la lupa del fisco no solo está cada operación que realizan los contribuyentes sino también el valor de los bienes declarados. Para tratar de determinar si el importe por el que se rinde cuentas se ajusta a la realidad, la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) realiza comprobaciones y, en consecuencia, exige el pago de diferencia por la tasación a la baja en el impuesto correspondiente: sucesiones, donaciones o transmisiones patrimoniales. Durante el año pasado los inspectores tributarios de la comunidad comprobaron un total de 197.524 valoraciones de bienes inmuebles por un valor de más de 6.600 millones de euros, según la memoria de actividad de 2019 de la agencia autonómica. En esos controles, detectaron que se habían tasado en casi un 17% por debajo del sistema de precios y coeficientes estipulado por la Consellería de Facenda. El incremento del valor fijado en esas comprobaciones roza los 1.100 millones de euros, lo que se traduce en más ingresos en tributos para las arcas autonómicas.
Las actuaciones acometidas el año pasado por la Atriga en materia de comprobaciones de bienes inmuebles se dividen en dos bloques. Por un lado, las comprobaciones de precios y coeficientes aplicados en las declaraciones por ventas o herencias. Y por otros, el dictamen de los peritos en la tasaciones.
En el primer caso, según el balance tributario del año pasado, se realizaron un total de 154.621 valoraciones por un valor total comprobado de 3.592 millones de euros, lo que supuso un aumento sobre las declaraciones presentadas de 188 millones. Así, el incremento medio se situó en el 5,53%.
En cuanto a las retasaciones por el dictamen de los peritos de la Administración, el año pasado se revisaron 42.903 valoraciones de bienes inmuebles por una valor comprobado de 3.019 millones. Este resultado se tradujo en un aumento sobre el valor declarado de 911 millones. En este caso, el incremento medio en las revisiones se disparó un 43%.
Junto a estas comprobaciones de bienes inmuebles realizadas en 2019, los inspectores de la Atriga realizaron otras 976 valoraciones previas, que se realizan a petición de los contribuyentes de aquellos bienes que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. Estas demandas afectan en su mayoría a bienes que no son susceptibles de ser valorados a través de los coeficientes o de los precios establecidos en la orden de Facenda.
Además, los técnicos de la agencia gallega practicaron más de 1.200 valoraciones para otras comunidades en virtud de la colaboración interadministrativa.
Sistema de cálculo
Desde hace años el sistema de cálculo del valor de los bienes fijado por Facenda está en cuestión; hasta el punto que tuvo que reformar en dos ocasiones los baremos utilizados. Pese a los cambios, el reguero de reclamaciones judiciales de los afectados por las retasaciones al alza no dejaron de crecer e incluso la propia Inspección General del Ministerio de Hacienda ha dado un toque de atención a la Atriga al advertirle de que la mayoría de las demandas interpuestas acaban dando la razón al contribuyente. De media, ocho de cada diez quejas son estimadas.
En 2018 el Tribunal Supremo llegó a tumbar hasta en cuatro sentencias distintas el método de cálculo de Castilla-La Mancha, que es prácticamente el mismo que se utiliza en Galicia.
Para la comprobación de los bienes inmuebles, la Atriga utiliza fundamentalmente tres sistemas: la valoración por coeficiente sobre el valor catastral, los precios medios y el dictamen de los peritos de la Administración, tal y como recoge la orden que desde 2015 ya fue modificada en dos ocasiones.
Desde la Atriga destacan que para la elaboración de estas órdenes y su actualización se parte de "estudios de mercado de las más importantes tasadoras homologadas por el Banco de España" que operan en la comunidad gallega, además de "contar con la información proporcionada por los propios contribuyentes en sus declaraciones tributarias".
La controversia que durante los últimos años desató una ola de quejas radicaba en el método utilizado por Facenda para fijar la valoración de un bien inmueble a través del uso de precios medios de mercado a partir de estudios de consultoras inmobiliarias. Este sistema disparó el metro cuadrado y, por tanto, la recaudación en pleno pinchazo de la burbuja. Tras el aluvión de reclamaciones y alguna sentencia desfavorable, la Xunta cambió en 2015 su sistema de valoración de inmuebles. Con la reforma de hace cinco años, para los inmuebles de naturaleza urbana la tasación se basa en el valor medio catastral sobre el que se aplica un coeficiente. Pero para los inmuebles rústicos se mantiene el método de precios de mercado cuestionados. Basándose en estudios de mercado, Facenda publica cada año una orden con los precios medios por zonas. Y una tercera vía: cuando el inmueble no entra en ninguna de estas dos casuísticas la Xunta encarga un dictamen a los peritos de la Administración.
