Antes de concluir 2019, el Consello de la Xunta aprobó una ampliación de las actividades obligadas a anotarse en el Regasa, el registro sanitario de establecimientos alimentarios de Galicia. Entre otras, se instaba a las heladerías y otros puntos de venta de alimentos, a registrar su actividad con el único objetivo de "preservar la salud pública". Medio año después y tras la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, un vistazo a los asientos del registro solamente arroja medio centenar de nuevos establecimientos: una veintena de heladerías, ocho bancos de alimentos, dieciséis establecimientos (tipo bazar) que venden comestibles y dos negocios de complementos nutricionales.
La orden de la Xunta -en vigor desde su publicación en el Diario Oficial de Galicia el pasado 30 de enero- amplió de 18 a 22 las categorías de los establecimientos del Regasa, con la única intención de incorporar empresas no incluidas en el catálogo y adaptar las descripciones de las actividades ya reguladas. Se introdujeron cuatro nuevas clasificaciones: heladerías, depósitos de alimentos, puntos de venta de productos alimenticios (tales como bazares o droguerías) y lugares de acceso a complementos alimenticios (como gimnasios, centros de belleza o tiendas de deportes).
Seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de Galicia de las novedades, solamente constan veinte heladerías: seis en la provincia coruñesa (dos en Ribeira y una en Betanzos, As Pontes, Muros y Arzúa), diez en la pontevedresa (cuatro en Baiona, tres en Pontevedra, dos en Vigo y una en Nigrán), dos en la ourensana (una en Ourense ciudad y otra en Allariz) y otras dos en Lugo (Foz y Viveiro). En las localidades gallegas se han registrado ocho depósitos de alimentos -dos de ellos en A Coruña gestionados por el Banco de Alimentos Rías Altas- y dieciséis establecimientos que venden productos alimenticios al público (uno de ellos en la ciudad de A Coruña).
En este período se han producido solamente dos anotaciones de locales que venden complementos nutricionales previstos en la orden, como centros deportivos o de belleza, ambas en la provincia coruñesa.
La actualización del sistema pretendía afinar más las clasificaciones "debido al dinamismo de las actividades comerciales", tal y como justificó el Gobierno autonómico en ese momento.
La finalidad última era "la protección de la salud pública y los intereses de las personas consumidoras finales", mediante el ejercicio por parte de la administración sanitaria -reza la orden- de sus funciones de control e inspección sobre empresas y establecimientos que entre sus actividades incluyen "las fases específicas de la cadena alimentaria (tales como manipulación de alimentos, fabricación o elaboración) como de su almacenaje, distribución o venta". Unas cuestiones, todas ellas, que parecían premonitorias por haber sido planificadas con anterioridad a la irrupción del Covid-19.
Otra de las novedades incorporadas al registro en diciembre permite diferenciar los establecimientos de restauración comercial sin comedor independiente de los que disponen de recinto de comedor en un espacio perfectamente diferenciado.
Unos 38.000 negocios conforman en la actualidad el Regasa, que incluye información actualizada sobre firmas que influyen en la cadena alimentaria, de manera que se garantiza una adecuada programación de los controles oficiales y, a su vez, se facilita el trabajo de los servicios de inspección. Por provincias, este mecanismo creado tiene inscritos la mayor parte de los establecimientos en A Coruña, donde se contabilizan un total de 14.735. En Pontevedra constan 122.913. Ambas provincias duplican el número de inscripciones de Lugo y Ourense, que cuentan con 5.303 y 5.045 negocios con registro sanitario, según informa la Xunta.
Desde este año además los propietarios de los negocios están obligados a presentar todas las comunicaciones relacionadas con el Regasa por vía electrónica.
