El presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, incidió ayer en la importancia de potenciar la coordinación y colaboración entre las distintas administraciones para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria.

Por ello reclamó la creación de una mesa de diálogo entre estas entidades provinciales, la Fegamp, la Xunta y el Gobierno central para fijar una estrategia común y de respuesta a las consecuencias del COVID-19.

Así lo trasladó durante su comparecencia parlamentaria para presentar los presupuestos de la institución para el próximo año, que ascienden a 184,5 millones y que están diseñados para afrontar este contexto de pandemia, sus consecuencias, y disponer y movilizar “cuanto antes” los recursos de la entidad.

González Formoso insistió en la necesidad, “más que nunca”, de una acción coordinada entre los diferentes niveles institucionales y agentes públicos y privados, a través de un “marco de colaboración estable” que permita tanto “optimizar los recursos” como caminar hacia un cambio de modelo que aproveche el “potencial” del territorio y la “oportunidad” de los Fondos Europeos de Recuperación.

En esta línea, reiteró la importancia de un nuevo Pacto Local para actualizar la relación de competencias y “concrete la financiación” mediante el acuerdo de todas las fuerzas políticas, para advertir que los presupuestos de la Xunta “no adecúan su asignación” a las entidades locales al coste real de las competencias que les atribuye la normativa autonómica.

En este último punto se refirió a servicios como la recogida y tratamiento de basuras, depuración de aguas residuales, protección animal o extinción de incendios, prestados por los municipios y “sin financiación autonómica adecuada” y que limitan los recursos de estas administraciones. Como ejemplo, citó los 10,6 millones que dedica a mantener los centros educativos y los de protección de menores.

Ayer también estaban citados ante la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia los otros tres presidentes provinciales para explicar las cuentas de sus respectivas instituciones provinciales. Pero como en los últimos tres años, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, rechazó comparecer en el Parlamento “en atención al principio de autonomía local”, de forma que “las entidades locales no están supeditadas a los parlamentos autonómicos”. Quien sí lo hizo fue el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que se ofreció a “echar una mano” a la Xunta en el diseño del nuevo modelo de residencias de mayores, para el que, advirtió, la institución provincial es “un buen espejo en el que mirarse”.

Por su parte, el presidente de la Diputación provincial de Ourense, Manuel Baltar, defendió las cuentas del ente provincial que ascienden a 79,7 millones y que son los “presupuestos de la colaboración y cooperación”.