Durante la noche de Fin de Año del 2000 en la parroquia de Lanzá, en el municipio de Mesía, se vivió uno de los episodios más polémicos en la historia reciente de la autonomía gallega. La Xunta decidió enterrar centenares de bóvidos en una cantera abandonada de este ayuntamiento en plena crisis de las vacas locas, a pesar de la oposición vecinal. Esta cuestionada gestión desembocó días después en el cese del por entonces conselleiro de Agricultura, Cástor Gago, en el gobierno de Manuel Fraga.
En la actualidad, cuando se cumplen 20 años de aquella inhumación en Mesía, la Consellería de Medio Rural traslada que “la situación en la zona en la que se produjo el enterramiento es de total normalidad”.
Aunque en su día diversas plataformas y entidades alertaron del riesgo de contaminación y filtraciones, con imágenes incluidas de cómo la sangre de las reses llegaba al río, el Gobierno gallego señala que las investigaciones e informes periciales reflejaron la “elevada impermeabilidad” del terreno, mientras el estudio realizado en la época “corroboraba la inexistencia de peligro para la salud humana y el medio natural”.
En esta línea se manifiesta el actual alcalde de Mesía, Mariano Iglesias. “Que yo tenga constancia no hay ningún problema”, explica. Tras el primer caso —detectado en noviembre del 2000— en Carballedo (Lugo) de vacas locas en territorio español se sacrificaron miles de reses en Galicia. Al terminar ese año se produjo el enterramiento masivo de Masía.
Según la información facilitada por Medio Rural a Europa Press, con datos al cierre de 2019, en España se han realizado en los últimos 20 años un total de 6,4 millones de test realizados en relación con la encefalopatía espongiforme bovina. En el Estado, se detectaron 798 focos con 819 casos.
En Galicia, aparecieron 315 focos con 324 casos, en una tendencia descendiente desde 2003.
