El comité federal del PSOE aprobó ayer una modificación de sus estatutos para garantizar que se puedan adoptar medidas o incluso “acciones judiciales de reclamación” en los casos en los que se confirmen “incumplimientos reiterados y graves” de la obligación que tienen los cargos socialistas de aportar parte de sus remuneraciones al partido.
En los estatutos ya se avisaba de que “el no cumplimiento del deber de aportación asumida de un cargo público podrá dar lugar a las consecuentes sanciones disciplinarias, y en su caso, a exigencias de responsabilidad política por ello”, sin referencia a que ese incumplimiento se consideraría “grave”. En un nuevo punto se fija que “a los efectos del cumplimiento” se elaborará un “informe anual cuantitativo” y ante “incumplimientos reiterados y graves”, se podrán adoptar “las decisiones correspondientes, disciplinarias, políticas” o judiciales.
En Galicia, las aportaciones de los concejales del Gobierno local de A Coruña marcaron un enfrentamiento el pasado año. La alcaldesa, Inés Rey, cesó a la edil Eva Martínez Acón, secretaria general del PSOE coruñés, que previamente le había reclamado que pagara las cuotas. Rey desvinculó la destitución de la petición de Acón.
