La ley de reactivación económica entra en su recta final tras quedar ya redactado el dictamen del proyecto normativo en comisión parlamentaria. La norma busca, como grandes objetivos, simplificar y acortar los trámites administrativos y regular un nuevo procedimiento más sencillo para acelerar la implantación y apertura de proyectos empresariales financiados con los fondos extraordinarios de la Unión Europea por el COVID.
Y para conseguir el fin, se necesita una administración ágil, por lo que la ley abre una vía exprés para obligar a los funcionarios a cambiar de puesto, trabajar para otras consellerías que no sean las suyas o destinar a otras actividades hasta el 80% de su jornada laboral. Es una espe cie de movilidad forzosa, aunque sin salir de la localidad y siempre vinculada a la ejecución de la ley de recuperación económica. Para los afectados por estas medidas, se prevé la posibilidad de premiarlos con complementos de productividad o gratificaciones extraordinarias, sin dar más detalles.
La norma llega, tras el debate en comisión, con muy pocas modificaciones procedentes de la oposición. Las enmiendas del PP, como las que prevén la movilidad forzosa de los funcionarios, sí se aceptaron, ya que los populares tienen mayoría absoluta, pero las presentadas por la oposición no tuvieron tanto eco. De hecho, el Partido Popular solo aceptó seis enmiendas y otras seis transacciones de PSOE, pero todas ellas de carácter técnico que en nada cambian el contenido de la ley.
