La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a cinco años de cárcel por cohecho y prevaricación al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) Francisco Fernández Liñares. El tribunal también le ha impuesto la inhabilitación para desempeñar un empleo o cargo público durante veinte años, así como el pago de una multa de 7.200 euros.
El caso procede de una pieza separada de la conocida como operación Pokemon, impulsada por la magistrada Pilar de Lara, quien terminó siendo sancionada y apartada de los juzgados lugueses por dilaciones en la instrucción de la macrocausa.
