Dos hombres y, por primera vez, una mujer se postulan para ponerse al frente de la Fiscalía Superior de Galicia. El próximo martes día 4 el Consejo Fiscal deliberará sobre las candidaturas presentadas desde la comunidad y elevará al Gobierno su propuesta, una decisión que salvo un precedente en la historia de los nombramientos que salen del órgano asesor de la Fiscalía del Estado es respetada y ratificada por el Ejecutivo.

Con un año de retraso debido al estallido de la pandemia, se producirá la designación para dirigir la Fiscalía gallega durante los próximos cinco años, un puesto al que optan tres candidatos de reconocido prestigio y gran experiencia. Fernando Suanzes, actual fiscal superior de Galicia, aspira a revalidar el cargo. Suanzes, que pertenece a la Asociación de Fiscales (AF) —de matiz conservador— es la tercera vez que opta al cargo. El segundo aspirante es el leonés Juan Carlos Aladro, fiscal jefe de Pontevedra desde el año 2007, que se presenta por segunda ocasión para ponerse al frente de la Fiscalía gallega. La novedad es Pilar Fernández Pérez, fiscal en Santiago especializada en Violencia de Género y Menores y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma a la que pertenece la fiscal del Estado, Dolores Delgado. Al dar este paso, Fernández se convierte en la primera mujer en Galicia que compite por hacerse con las riendas del Ministerio fiscal en la comunidad

En febrero de 2015 Fernando Suanzes, natural de Ferrol, fue nombrado fiscal superior frente a los otros tres candidatos: Carlos Varela, miembro de la Unión Progresista de Fiscales y que aspiraba a un tercer mandato; el independiente Carlos Aladro, que se presentaba por primera vez, y el entonces fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, del ala conservadora.

De Aladro, sin adscripción a ninguna asociación profesional, destaca su papel como fiscal jefe de Pontevedra desde el año 2007. Antes de asumir este cargo, ejerció como fiscal en Pontevedra, Tui, Cambados y Vigo. En Vigo estuvo unos 15 años, donde fue fiscal especializado en Urbanismo al llevar el área de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural.

La ourensana Pilar Fernández ya formó parte del Consejo Fiscal como vocal entre 2012 y 2014 tras ser elegida como candidata de la Unión Progresista de Fiscales. Una de sus iniciativas fue, precisamente, la de proponer la elaboración de un plan de igualdad que pusiera de manifiesto la situación que viven las mujeres fiscales y arbitrar modificaciones y correcciones en los procesos de acceso a las jefaturas, entre otras medidas encaminadas a democratizar y hacer transparentes los procedimientos internos de la carrera fiscal. Fernández fue una de las juristas que iban a entrar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el acuerdo entre PSOE y PP que se rompió en 2018.

En la reunión del Consejo Fiscal convocada para el próximo martes, coincidiendo con las elecciones en la Comunidad de Madrid, los tres miembros natos —la fiscal del Estado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector jefe— y nueve fiscales elegidos a través de elecciones en todo el territorio debatirán sobre las candidaturas presentadas y emitirán un informe a la fiscal del Estado, que será finalmente quien eleve la propuesta al Gobierno. Ni el informe del Consejo Fiscal ni de la propia fiscal general son vinculantes, pero lo habitual es que el Gobierno avale ese nombramiento.