La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quiere llevar al Senado una enmienda para que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 incluyan “un fondo activo para compensar la minoración de ingresos” derivada de la anulación y el nuevo cálculo del impuesto de plusvalía. Este impuesto, de carácter voluntario, fue anulado por el Tribunal Constitucional y suponía unos ingresos de alrededor de 2.500 millones de euros anuales, de los que casi 57 se distribuían entre los 115 concellos gallegos que lo aplicaban. El nuevo impuesto deberá aplicarse en los próximos seis meses.
Tras una reunión extraordinaria de su Junta de Gobierno celebrada ayer, la FEMP acordó también solicitar una convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local para llevar ante el Ministerio de Hacienda la demanda de ese fondo que “compense la pérdida recaudatoria sufrida por los gobiernos locales”.
La demanda de la FEMP al Gobierno reclama que incluya tanto la minoración de recaudación de “muchos” ayuntamientos que ya antes de la sentencia no cobraban por este impuesto, como la cantidad no recibida durante su suspensión y la que dejarán de recaudar en el futuro con la aplicación de la nueva norma legal.
