Los dueños de los edificios de viviendas con más de medio siglo de antigüedad tendrán tres años de plazo, en lugar de los doce meses previstos inicialmente, para realizar el nuevo informe de evaluación, conocido como la ITV de los inmuebles. Esta inspección, de carácter obligatoria, es un instrumento diseñado por la Xunta para acreditar el estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética de todos aquellos edificios que alberguen viviendas colectivas que tengan 50 años o más, carezcan de declaración firme de ruina y con independencia de que en los mismos existan otros usos distintos al residencial.
La Xunta había aprobado un decreto en abril en el que estipulaba que los edificios de más de 50 años tenían un año de plazo para pasar este informe sobre su estado. En la ciudad de A Coruña son decenas de inmuebles los que están en esta situación por lo que tanto el Concello como el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña habían solicitado una moratoria al Ejecutivo gallego ya que consideraban que era inviable elaborar los informes de todos los edificios con tanta premura de tiempo. El Concello de A Coruña había trasladó a la Xunta, tanto por escrito como en las reuniones mantenidas, que iba a ser muy difícil realizar las tareas de inspección en solo 12 meses.
Al final, la Administración gallega ha modificado el decreto aprobado hace seis meses para ampliar a tres años el plazo previsto para que los inmuebles de más de 50 años pasen el informe de evaluación de los edificios catalogados y que mide parámetros como la conservación, la accesibilidad o la eficiencia energética.
El Ejecutivo gallego explica que esta modificación responde a las “dificultades” detectadas en los últimos meses “para conseguir los acuerdos de las comunidades de propietarios necesarios para proceder a la elaboración y posterior presentación de dicho informe”.
Esta situación, asegura la Xunta, se debe a “las limitaciones establecidas” para celebrar juntas vecinales “a raíz” de la pandemia, lo que “está afectando a la posibilidad de cumplir con el plazo límite de un año inicialmente establecido”.
El Gobierno autonómico sostiene que la ampliación a los tres años para la realización de las evaluaciones se produce “en respuesta a la demanda trasladada por algunos ayuntamientos y colectivos” al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Para modificar la aplicación de la medida, el IGVS someterá a consulta pública previa, desde ayer y durante un período de 15 días, la modificación del decreto para recabar las alegaciones de los interesados.
Los informes de evaluación tienen una vigencia de 10 años desde el momento de la firma y las renovaciones se realizarán antes de 31 de diciembre del último año en vigor. Aunque es un trámite obligatorio para todos los edificios de viviendas con 50 años o más, también es aplicable a aquellos con una antigüedad inferior, siempre que así lo determine la normativa municipal.
La Xunta recuerda que el decreto aprobado el pasado mes de abril establece que los ayuntamientos que así lo consideren podrán fijar un calendario para la presentación gradual de los informes en el caso de aquellos inmuebles que a su entrada en vigor ya tuviesen medio siglo de antigüedad o más.
