En 2018, Galicia, con 9,7 millones y un 3,5% menos con respecto al año anterior, había sido la comunidad que más había reducido la inversión en justicia gratuita, debido, sobre todo, a los cuatro meses de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. Sin embargo, en 2019 el presupuesto para esta partida alcanzó los 10,8 millones tras incrementarse un 11%. Fue la mayor cifra desde los 12,9 millones de 2010.
Muy pocas mejoras económicas ha traído la pandemia. Todo lo que está relacionado con el COVID son números rojos. Aunque también aparecen algunos, muy pocos, aspectos positivos. Uno de ellos es la remuneración que reciben los abogados de oficio gallegos por cada uno de los casos que llevan. En 2020, esta cifra subió un 7,3% con respecto al año anterior hasta superar los 200 euros por expediente. Una cantidad que no se había alcanzado desde 2007 cuando llegó hasta los 313. La causa de este incremento, justo el primer año de la pandemia, no se debe a un aumento del presupuesto total en justicia gratuita en Galicia. Todo lo contrario. En 2020 se redujo en medio millón de euros: de 10,8 a 10,3. La respuesta hay que buscarla en el COVID.
Los meses de confinamiento y de suspensión de la actividad judicial a causa de la epidemia tuvieron como consecuencia una disminución no solo del número de asistencias realizadas en el turno de guardia, sino también del número de peticiones de asistencia jurídica gratuita y de las designaciones de letrados de oficio.
Los colegios de abogados de Galicia atendieron un total de 50.373 asuntos de justicia gratuita durante 2020, lo que supone un descenso del 11,4%, casi la mitad del 19% que cayó a nivel nacional, según recoge el XV Informe del observatorio de la Justicia Gratuita de la Abogacía Española.
Hay que tener en cuenta que cada uno de los más de 50.000 expedientes remitidos por los Colegios de Abogados de la comunidad gallega a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita han podido generar diversos asuntos debido a la interposición de recursos, la presentación de incidentes procesales, la generación de nuevos procedimientos, etc.
El incremento de la remuneración de los miembros del turno de oficio (un 7,3% en 2020 con respecto al año anterior) se debe a que, pese a que la inversión en justicia gratuita cayó un 4,6%, los asuntos lo hicieron un 11,4%. Esta es la causa de que por primera vez en las últimas dos décadas los letrados gallegos que están apuntados a este servicio alcanzasen una remuneración media de 204 euros por asunto. Esta cantidad fue mayor que la que percibieron los abogados a nivel nacional, que obtuvieron 153 euros, 10 más que en 2019.
Pero pese a este incremento de la remuneración por cada asunto de justicia gratuita tramitado, por cuarto año consecutivo disminuyeron los letrados gallegos que ofrecen sus servicios a personas con recursos insuficientes o en situación de especial vulnerabilidad. En 2020 fueron 3.156 abogados. Un 6% menos que en 2016 y el 45% del censo total de abogados que hay en la comunidad. Los profesionales, pese a la subida, reconocen que “no merece nada la pena, para nada, en absoluto. No compensa. Perdemos dinero”.
En 2020, todas las comunidades, excepto Canarias (que aumentó un 0,9%), disminuyeron su inversión. Un año más, Cataluña fue la comunidad autónoma que más invirtió en justicia gratuita, un 20% del total a nivel estatal, con más de 48 millones (un 17% menos que en 2019). A continuación, repitió Andalucía con más de 38 millones, seguida por Madrid con más de 37. Las distintas Administraciones Públicas destinaron más de 245 millones durante 2020 a la asistencia jurídica gratuita, lo que supone un descenso del 14,3% con respecto a 2019, cuando se gastaron más de 285 millones. La inversión media anual por ciudadano destinada a justicia gratuita en 2020 fue de 5,1 euros, frente a los 6,08 de 2019.
A nivel nacional, los 83 Colegios de Abogados con presencia en toda España atendieron casi 1,6 millones de asuntos de justicia gratuita durante 2020, lo que supone un descenso del 19% con respecto al año anterior. Esta caída es consecuencia de la paralización de la actividad judicial durante casi tres meses debido al confinamiento y al estado de alarma por la pandemia de COVID-19.
De ese más de millón y medio de asuntos generados, casi el 62% pertenecen al turno de oficio, unos 988.000, mientras que el 34,7% corresponden a la asistencia letrada al detenido (555.781). El servicio de violencia de género atendió más de 56.000, que supusieron el 3,5% de los asuntos.
Casi todos los colegios señalaron que los tres meses de confinamiento y de suspensión de la actividad judicial tuvieron como consecuencia una disminución de los asuntos y de los importes certificados. Hubo, sin embargo, una excepción: Canarias, donde debido a la llegada de numerosos inmigrantes, sobre todo en la segunda mitad del año, aumentó en un 22,7% los asuntos de asistencia letrada. Andalucía volvió a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos (el 22,5% del total nacional), seguida de Cataluña con el 19% y Valencia, con el 15%.
Los letrados ya pueden cobrar cada mes
Una de las grandes novedades que trajo el año pasado para los abogados fue la aprobación de un nuevo reglamento de justicia gratuita que permitirá que los letrados de oficio en el denominado Territorio Común (no es el caso de Galicia) puedan cobrar mensualmente sus indemnizaciones por los servicios prestados. Si bien la retribución sigue muy lejos del valor real del trabajo realizado, se quejan los implicados, al menos los pagos se ejecutarán sin demora. Los 10,3 millones que se invirtieron en Galicia en 2020 para justicia gratuita sirvieron para atender 50.373 asuntos, de los que 13.321 correspondieron al Colegio de Abogados de A Coruña; 12.706 al de Pontevedra y 9.338 al de Vigo. Los 16.000 restantes se los repartieron los órganos colegiales de Lugo, Ourense, Santiago y Ferrol. De los casi 57.000 asuntos atendidos en 2020 en la comunidad, un total de 30.565 (el 61%) correspondieron al servicio del turno de oficio; 16.893 (el 34%) a la asistencia letrada al detenido y 2.915 (el 5%) al servicio de violencia de género. El XV Informe del observatorio de la Justicia Gratuita también revela que de los 10,3 millones que se invirtieron en este servicio en 2020 en Galicia, 2,1 se destinaron al Colegio de Abogados de A Coruña, que cuenta con 788 letrados adscritos al turno de oficio (19 menos que en 2019); 2,1 millones al de Pontevedra, con 528 abogados (14 menos); y 1,5 al de Vigo que posee 640 letrados (12 menos).
El sindicato CSIF reclama a la Xunta que ponga en marcha guardias de 24 horas en los juzgados de A Coruña y Vigo
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) instó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que adopte “las medidas necesarias” para implantar el sistema de guardias de 24 horas en los juzgados de A Coruña y Vigo. CSIF Justicia remitió un escrito al presidente de la Xunta y al Defensor del Pueblo, ante la falta de respuesta a una petición anterior en la que solicitaban a la Xunta que informase del calendario previsto para poner en marcha el sistema de guardias. Según afirmó el sindicato, existen en la actualidad “partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para la implantación de este servicio, por lo que parece del todo increíble que el Estado considere la necesidad del mismo y que la propia Xunta, que tanto dice mirar por sus ciudadanos no dé el paso necesario para llevarlo a efecto”. Para CSIF, la creación de nuevas unidades judiciales o de plazas “no puede ni debe ser la excusa para demorar más la implantación de las guardias de 24 horas”, máxime cuando existe esa partida presupuestaria y la comunidad autónoma va a recibir, además, una cantidad significativa de fondos europeos. “Feijóo debe recapacitar y adoptar las medidas necesarias para estas guardias, pues se trata de un servicio necesario, demandado y fundamental para que todos los gallegos dispongan de una Justicia digna y de calidad, en igualdad de condiciones a los ciudadanos de las restantes comunidades autónomas, por lo que estamos dispuestos a seguir adelante hasta donde sea necesario o bien convocando manifestaciones, movilizaciones e incluso llegar a la vía judicial”, aseguran. El sindicato, señala además que cuenta con el apoyo de agentes implicados como el TSXG, el CGPJ, Ministerio de Justicia, diferentes partidos políticos y abogados, jueces y procuradores.
