Desde el mes de enero, Nuria Llamas ya opera como agente del Instituto para la Transición Energética en Galicia, donde hay 19 concellos implicados en los procesos de la descarbonización que afecta a Cerceda y As Pontes. El delegado del Goberno, José Miñones, anunció la incorporación de esta técnica que coordinará en este territorio la materialización de los fondos comprometidos, “para que tengan el máximo impacto y para que todas las iniciativas privadas tengan una utilidad pública, basadas en el empleo, respeto al territorio o sostenibilidad”.
El Instituto para la Transición Justa depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Nuria Llamas ya ha empezado a contactar con los 19 municipios, 18 de la provincia de A Coruña y uno de Lugo: todos vinculados al cierre de la central de Meirama en Cerceda o al aún no ejecutado en As Pontes.
Galicia cuenta con una asignación de 111 millones de euros del Gobierno para afrontar los retos socioeconómicos vinculados a la transición hacia la neutralidad climática. El objetivo de los convenios de transición justa “es crear empleo, garantizar la actividad en las poblaciones afectadas y fijar población”.
