En 1976, los astilleros de la ría de Ferrol vivían su particular edad de oro. La antigua Astano lanzaba los mejores petroleros del mundo, Bazán capitaneaba la construcción militar europea. Y según los registros, 16.748 obreros se alimentaban del naval. Pero al mismo tiempo, el amianto utilizado como material aislante en los buques se acumulaba sin descanso en sus pulmones. Según los cálculos de la asociación de víctimas Agavida, unos 17.000 trabajadores gallegos del naval público se encuentran afectados por el amianto. De esa cifra, 12.000 aguardan por un fondo de compensación estatal que ya suma cuatro años de retraso.
Si se añaden otros sectores como la construcción, el ferroviario o el personal civil de la Armada, se barajan incluso 30.000 perjudicados en Galicia. El lunes, 28 de febrero, finaliza el plazo para que el Congreso inicie la tramitación del proyecto de ley de dicho fondo. Los Presupuestos Generales del Estado vigentes incluyen una partida de 25 millones de euros para este destino. También ayer finalizaba el período de presentación de enmiendas, que arrastra nada menos que 28 ampliaciones desde abril de 2021. Además, desde el 1 de enero se daba un plazo de tres meses para que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos constituyese el fondo específico. Es decir, el 1 de abril tendría que estar listo para su ejecución.
Ante los nuevos retrasos, asociaciones de víctimas a través de la federación Fedavica y los sindicatos CCOO y UGT preparan movilizaciones. Así lo explica el secretario de Acción Sindical e Saúde Laboral de CCOO en Galicia, Armando Iglesias: “El lunes vence el plazo para activar el fondo de compensación a las víctimas del amianto, si el Gobierno no cumple su compromiso de desbloquearlo organizaremos nuevas protestas”.
Falta una cifra definitiva de afectados del amianto en Galicia, con ese baile entre 17.000 si se habla del naval y 30.000 si se incluyen otros sectores, y tampoco hay un cómputo total de fallecimientos. Agavida calcula 200 muertes en la ría de Ferrol entre 2008 y 2018. Como recuerda Armando Iglesias, “por eso es tan importante este fondo, porque hay muchas personas pendientes y otras que no podrán darle uso pero es un reconocimiento a la enfermedad”. Insiste en que “los perjudicados deben tener una compensación mínima ante una dolencia tan dramática”.
Hasta ahora, los afectados o las familias en caso de fallecimiento tienen que “enfrentarse a juicios doloros para que se reconozca su situación y ante el complejo jurídico de la defensa de Navantia” —ya que casi la totalidad de los procesos se dirigen contra los astilleros públicos—.
Sin noticias del Gobierno, entidades y sindicatos se reúnen este jueves para abordar esta situación. “Tememos que el Ejecutivo considere que los 25 millones son insuficientes, ante la gran cantidad de afectados en toda España”, indica Armando Iglesias. El país ya acumula 7.000 fallecidos por esta sustancia cancerígena.
Trabajadores, familiares y vecinos
Asociaciones de afectados integradas en la federación Fedavica y sindicatos quieren que el fondo tenga a los siguientes beneficiarios, como personas afectadas por exposiciones al amianto: el ámbito laboral con los trabajadores que lo manipularon directamente en sectores como el naval, el ámbito doméstico con los familiares de estos operarios expuestos —por ejemplo, mujeres que lavaban los buzos—, y el ambiental con los vecinos de instalaciones en las que se usaba este material cancerígeno. El informe del Sistema Nacional de Salud de 1999 indica que el 60% de los trabajadores del naval estaban expuestos a una concentración de 0,55 fibras de amianto por cada centímetro cúbico de aire. El límite permisible era de 0,30.
Ayudas similares a las de Francia
De constituirse, se trataría de un conjunto de ayudas similares al Fondo de Indemnización de Víctimas del Amianto de Francia. Contaría con “partidas procedentes de la Seguridad Social, los Presupuestos Generales del Estado, las sanciones impuestas a las empresas por faltas de medidas de prevención y por la subrogación a favor del fondo del derecho a litigar frente a las empresas responsables de los daños”, según indica UGT en un documento. Precisamente ayer, día en el que finalizaba el plazo de las enmiendas, trabajadores del Metro de Madrid se concentraban ante el Congreso ya que su sector también se ve perjudicado por el amianto. La consolidación estatal de las indemnizaciones llegaría tras más de 20 años peleando con las consecuencias sanitarias del material: asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma. Como indica el presidente de Agavida, Xoán Xosé Pita, “cuando en el resto de Europa y EEUU se estaban tomando medidas contra el amianto, por los astilleros públicos de España campaba a sus anchas”.
Informes de 1999 “guardados en un cajón”
Al retraso del fondo de compensación, ya llega agotado el colectivo de afectados debido a que sobre la problemática se desplegó durante años “un manto de silencio”. En 1999, el Sistema Nacional de Salud ya contaba con informes que alertaban que el 60% de los trabajadores del naval tenían una grave exposición al amianto, tal y como publicó ayer este diario. Pero tanto el Estado como la dirección de los astilleros tardaron años en reconocer su impacto en la salud de las plantillas. Considera el responsable de Saúde Laboral de CCOO que “esos informes de Sanidad se guardaron en un cajón, y hasta que los sindicatos y las asociaciones no hicieron fuerza no se empezaron a buscar soluciones... o hasta que empezaron a morir los operarios”. Con respecto a los retrasos en el fondo estatal, “consideramos que el Gobierno entiende que son insuficientes los 25 millones de euros, que tendrán que ampliar la partida y por eso no se aprueban ahora”, apunta Armando Iglesias.
