Galicia, junto con otras diez comunidades, pide al Gobierno modificar la Ley del Suelo para dar mayor seguridad jurídica en planeamientos territoriales, con el fin de flexibilizar y poder compatibilizar, por ejemplo, las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) con determinados usos para favorecer el desarrollo económico. A través de un manifiesto firmado por estas trece comunidades —de diferente signo político— expresan que su objetivo es evitar “las reiteradas declaraciones de nulidad radical del planeamiento territorial”. Las comunidades firmantes pretenden fortalecer la cooperación y coordinación en materia de ordenación del territorio y el urbanismo entre la Administración estatal y las autonómicas.
Buscan, además, dar el impulso definitivo al documento acordado en el Encuentro autonómico Xacobeo 21-22, celebrado en Santiago a finales de marzo. Consideran necesario impulsar una normativa estatal que palíe una situación que en los últimos años se ha incrementado de manera exponencial, como son los casos de nulidad de planeamiento territorial o urbanístico “debido a vicios formales, sin contenido sustantivo sobre los objetivos o elementos estructurantes, que podrían resolverse con procedimientos sencillos”.
