El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha vuelto a tener baraka, esa especie de suerte providencial o divina a la que apelan los árabes y que le ha permitido sacar adelante, en dos plenos consecutivos, una modificación de crédito de 50 millones —el pasado martes gracias al inesperado apoyo del BNG—y ayer mismo, en sesión extraordinaria, un acuerdo sin parangón en España: seguir cobrando la asignación de 2.100 euros al mes (700 euros por edil) por cada uno de los tres concejales de Democracia Ourensana que abandonaron el grupo municipal hace un año y que siguen en la corporación como no adscritos. Se basa el acuerdo en una propuesta del pacto antitransfuguismo (que no se ampara en norma de ley) de que los grupos no sufran los perjuicios económicos de los ediles tránsfugas.

El acuerdo contó con el apoyo del PP, del edil no adscrito Laureano Bermejo (que también abandonó en su día el grupo de Ciudadanos), y del único edil de Cs, José Araújo, pues este grupo será otro de los beneficiados, dado que se había quedado sin los 700 euros mensuales de Bermejo cuando abandonó el partido.

La baraka de Jácome no dependió solo de la providencia, pues según la oposición la elección del pleno de ayer fue intencionada, pues coincidía con varias ausencias en el PSOE, por temas de trabajo, de las que había conocimiento con antelación y la de una edil del BNG por enfermedad.

Como además el acuerdo aprobado ayer tiene carácter retroactivo, desde enero de 2021, Democracia Ourensana, el partido del regidor, ingresará por esos tres ediles que ya no tiene casi 26.000 euros.

Hubo antes del inicio del pleno dos advertencias realizadas en vivo por el interventor del Concello, una en el sentido de que no se le había pedido el informe, “que es preceptivo”, sobre esa “modificación de la base 41 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente relativa a dotaciones económicas a los grupos municipales”, que era el asunto que se llevaba ayer a pleno. El interventor advirtió además de que ese dinero que habrá que abonar ahora con carácter retroactivo al partido de Jácome y a Ciudadanos, por unos concejales que ya no están en sus grupos, no está consignado en el compromiso de gasto”. Un subterfugio, según Jácome, porque es sencillo, dijo, movilizar esa partida económica.

Pero el interventor advirtió en esa misma línea que el artículo 173, apartado 5, de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los acuerdos que infrinjan la norma “podrían ser nulos de pleno derecho”.

El PP guardó silencio y se limitó a votar a favor de su socio de gobierno, pero Wilson Jones, del PSOE, y Luis Seara, del BNG, volvieron a esgrimir los argumentos legales en contra esta modificación.