La pasada semana el Ministerio para la Transición Ecológica presentó a las comunidades autónomas su propuesta de plan estratégico para proteger la costa ante los efectos del cambio climático y la Xunta expresó de inmediato su rechazo por entender que el Estado pretende “eliminar cualquier vestigio de actividad o presencia de las personas” en primera línea del litoral, la franja conocida como dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y cuya gestión es competencia del Gobierno central. Ahora, el Ejecutivo autonómico quiere también canalizar la oposición de los concellos al plan y por eso ha enviado una carta a los 82 alcaldes de concellos costeros para solicitarles que les haga llegar sus alegaciones para que la Xunta, a su vez, las traslade al Gobierno.

Una carta parecida a la que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, remitió a los regidores, también la envió la de Mar, Rosa Quintana, a los agentes con actividades en el litoral para lograr su pronunciamiento al respecto. “Mi objetivo es que la Xunta y los concellos sigamos sumando esfuerzos para conseguir las funciones ejecutivas [del litoral] y así frenar las interpretaciones del Gobierno sobre el dominio público marítimo-terrestre”, sostiene Vázquez, utilizando los mismos términos que Quintana en la suya dirigida a los agentes económicos. Ambas insisten en la necesidad de crear un “frente común sólido” para reclamar las competencias sobre la gestión de la costa.

El Ejecutivo gallego explica a los alcaldes que en el proceso de participación pública abierto por el Estado sobre el plan de protección de la costa no pueden intervenir los municipios ni las empresas afectadas, por lo que la Xunta les abre la posibilidad de “canalizar” las enmiendas a través de ella.

En el plan estratégico, en fase de borrador, el Gobierno se propone como grandes objetivos la “liberación del DPMT”, la “retirada controlada” de la actividad humana en la costa, citando concretamente el “retranqueo o retirada” de los elementos que no actúen como defensa del litoral o la “relocalización o retirada de bienes y servicios en riesgo en el DPMT y su zona de influencia”, o la revisión de los títulos de ocupación del litoral.