Las familias de los 21 fallecidos del Pitanxo siguen reclamando, de forma incansable, que se envíe un equipo con robots submarinos a la zona en la que se hundió el arrastrero de Marín. El objetivo, como llevan meses defendiendo, es la localización del pecio y la obtención de pruebas visuales que ayuden a esclarecer el peor siniestro de la pesca gallega en casi medio siglo. Hasta el momento, los esfuerzos no han obtenido respuesta. Ahora, una nueva ventana de oportunidad se abre ante ellos. La Agencia Europea de Seguridad Marítima, la EMSA, acaba de lanzar una licitación para asegurarse un nuevo servicio de vehículos submarinos operados a distancia (ROVs) con los que poder realizar estudios bajo el agua. En concreto, la agencia situada en Lisboa quiere ofrecer a los países miembro la posibilidad de investigar naufragios como el del barco gallego, ya que busca poder disponer de equipos “que apoyen la recopilación de pruebas en la investigación de accidentes”.
La EMSA es una de las agencias de las que dispone la Unión Europea a lo largo de su territorio, como lo es la Agencia Europea de Control de la Pesca, situada en Vigo. De hecho, desde 2019 ambas se unieron junto a Frontex para cooperar en labores de guardacostas.
En su mandato, la EMSA puede prestar apoyo “en las investigaciones de seguridad” para aquellos “siniestros graves o muy graves” si lo solicitan los Estados miembro. En este sentido, los organismos de investigación de accidentes (como la Ciaim española) apoyaron el establecimiento de un servicio de ROVs para la agencia situada en la capital portuguesa. La idea es reforzar “aún más” la capacidad de estos organismos “para recoger pruebas de los buques sumergidos/hundidos” y así “aumentar la calidad de las investigaciones de seguridad y, en última instancia, de mejorar la seguridad del transporte marítimo”.
El servicio, que de acuerdo a los pliegos “se prestará de forma voluntaria y gratuita”, debe ayudar a recoger pruebas que, según definen, son “cualquier cosa que ayude a establecer qué, cuándo, por qué, dónde y cómo se ha producido un siniestro o incidente”. Es decir, exactamente lo que piden las familias del Pitanxo. De hecho, la EMSA señala que “es crucial asegurarse de que se recoge toda la información pertinente y de que ésta es exacta”.
La licitación, lanzada este mes, tiene como límite para la presentación de las propuestas el próximo 16 de agosto. Tras el proceso de adjudicación y formalización del contrato, cuyo valor asciende a 1,6 millones de euros, la previsión es que la EMSA pueda disponer del servicio de ROVs de cara al próximo año, con lo que, de no haber una solución antes, la espera se alargará para las familias de los fallecidos en el accidente del pesquero gallego, que siguen peleando porque España les dé una respuesta a sus reclamaciones.
