El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó este mes de mayo una sentencia que "acorrala" a Audasa, concesionaria de la AP-9, afirma la asociación de consumidores En-Colectivo. La sentencia establece que cuando un contrato del que es titular una sociedad pública se transmite a otro operador independiente de la Administración, requiere la convocatoria de una licitación ya que constituye un cambio de las condiciones fundamentales del contrato.

Se da la circunstancia de que cuando el Gobierno concedió las prórrogas a la concesión sobre la Autopista del Atlántico (en 1994 y 2000), las acciones de Audasa eran propiedad del Estado. Sin embargo, poco después de conceder la segunda —que comenzará en 2023 y se alargará hasta 2048—, "la Administración estatal vendió las acciones de Audasa a capital privado", recuerda la asociación.

Entienden que este cambio de titularidad de manos públicas a privadas en 2003 es un cambio de las condiciones esenciales del contrato, por lo que requeriría la convocatoria de una nueva licitación "abierta a todo licitador que quisiese concurrir para gestionar la concesión de la AP-9".

Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, valora "muy positivamente" esta sentencia del TJUE "que viene a demostrar que conforme pasa el tiempo, la situación de esta concesión está más en entredicho y refuerza los argumentos de la asociación para solicitar su anulación".

"Con los pasos que se están dando, cada día Galicia está más cerca de conseguir que finalice esta situación y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia en las que han vencido los 40 años de concesión”, apostilla Maraña, cuya asociación tiene abierto desde julio de 2019 un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la AP-9.

Esta nueva sentencia de tribunal europeo se suma a la carta que Bruselas envió al Gobierno español el pasado mes de septiembre, instándole a “garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE en materia de contratación pública y contratos de concesión”. En la misiva, la Comisión Europea recordaba que según el derecho de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación.

En enero de este año se cumplió el plazo para que el Gobierno presentase sus alegaciones y actualmente el tema se encuentra en fase de estudio por parte de la Comisión Europea.