Un millón de contribuyentes gallegos ahorrarán 46 euros de media en la próxima declaración de la renta gracias a la adaptación de los primeros tramos autonómicos del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la inflación, lo que se conoce como deflactar el IRPF.
La Xunta aplicará una medida en línea con otras comunidades gobernadas por el PP, partido que ha tomado la rebaja de impuestos como bandera para desgastar al Gobierno central y preparar el terreno no solo para las elecciones municipales y autonómicas de mayo, sino para las generales de finales de 2023 o 2024. Su lema es reducir la carga fiscal para que las familias puedan capear mejor una inflación por encima del 10%, nivel inédito en cuatro décadas.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se presentó ayer en el Parlamento gallego para avanzas las “líneas maestras” de los presupuestos gallegos de 2023 y anunciar una batería de rebajas fiscales e inversiones con los que diferenciarse precisamente del Ejecutivo central.
El anuncio estrella pasa por la deflactación del IRPF, una medida que exige su antecesor y líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, al Gobierno de Pedro Sánchez. Galicia se une a la senda que ya han avanzado Madrid y Andalucía, ambas del PP.
Esta medida supone elevar los tres primeros tramos de la declaración de la renta hasta los 35.000 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Esas cantidades crecerán un 4,1%, como en Madrid, donde el ahorro fiscal será de 19 euros para rentas bajas y 119 para las altas.
Cada contribuyente tributa un porcentaje en función de sus ingresos. En Galicia, por los primeros 12.450 euros, se abona un 9,4%. A partir de ahí, el porcentaje pasa al 11,75%. Si cobramos más, saltamos de tramo y pagamos más al fisco, aunque con la inflación desbocada, realmente perdemos poder adquisitivo. Esta medida pretende nivelarlo.
Así, el umbral por el tramo de IRPF más bajo crecerá un 4,5%: de 12.450 euros a 13.010. Este método se aplicará en los tramos hasta los 35.000 euros de ingresos. Eso significa una rebaja para quien cobra 22.000 euros, pero también para el que ingresa 60.000, que recibirá un mejor trato por los primeros 35.000 euros de tributación. “Esta nueva medida fiscal supondrá en la declaración de la renta más de 46 millones de euros de ahorro”, sostuvo Rueda quien también aseguró que se trata de una medida “justa”.
El impacto de esta decisión se unirá a la rebaja adicional de otro 25% en el impuesto de Patrimonio —hasta el 50%—, que graba a las fortunas que superan el millón de euros. De 70 millones de recaudación entre poco más de 8.000 “ricos” de la comunidad, se pasará a 35. De esa manera, el ahorro para estos ciudadanos superará los 4.300 euros de media: cien veces el impacto de la deflactación del IRPF anunciada ayer.
El presidente de la Xunta lanzó un argumento más a favor de las rebajas impositivas. “Pagaremos los impuestos necesarios para garantizar los servicios públicos de primer nivel. El resto quedará a disposición de los contribuyentes porque ellos lo ganaron”, indicó, aprovechando para cargar contra el Gobierno central gracias al anuncio del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, de rebajas fiscales para rentas de hasta 60.000 euros.
También recordó que Francia, Inglaterra y Alemania siguen este camino. “Bajar impuestos en tiempo de inflación debe ser la norma”, aseguró antes de cargar contra una “sobrerrecaudación de 22.000 millones de euros” por parte de la administración central. “Esto solo pasa en España”, se quejó, a pesar de que el Ejecutivo ha aplicado medidas como la subvención de 20 céntimos en el combustible o la gratuidad de tres meses para viajes en trenes regionales y de media distancia, así como descuentos en el IVA de luz y gas. En su intervención comunicó otras medidas para 2023.
Casi 1.000 millones más.
El techo de gasto de la Xunta para 2023 es de 12.600 millones, lo que supone unos 900 más que el actual ejercicio con los que combatir el “invierno de descontento global” profetizado por el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres. De esta cantidad, el 40% ya está “reservado”, según Rueda, para “las subidas salariales de los empleados públicos”, fijadas en un mínimo por el Gobierno central en las cuentas estatales, y para cubrir “los mayores costes energéticos y financieros”, derivados del encarecimiento de luz y gas y de la subida de tipos de interés.
Sanidad reforzada.
Las críticas a la situación sanitaria han obligado a la Xunta a admitir problemas en la Atención Primaria. Las cuentas de 2023 incluirán varias medidas de refuerzo. En primer lugar, la Xunta destinará 215 millones de euros más a adquirir equipos tecnológicos, reducir las listas de espera (mediante peonadas o derivaciones a la privada) y mejorar la atención a los pacientes crónicos. Además, otros 91 millones más que este año irán a parar a la renovación de hospitales y centros de salud mientras que la formación de médicos y enfermeros recibirá 65 millones.
En este punto, Rueda reiteró sus demandas al Gobierno central para ampliar las plazas de formación de médicos (MIR) para tratar de solventar un déficit de facultativos que, asegura, es un problema generalizado a nivel autonómico. Además, el ámbito social de atención a mayores recibirá otros 50 millones.
El precio de la luz.
El encarecimiento de la energía constituye una de las losas para el crecimiento económico que amenaza los balances de empresas y autónomos. La Xunta prevé tres medidas para luchar contra esta situación. Por un lado, aumentará un 50% los fondos autonómicos para elevar el bono eléctrico que cobran 66.000 hogares vulnerables, doblará las partidas para ahorro energético de 40 a 80 millones, y también elevará de 33 a 70 millones el dinero destinado al bono para autónomos, una ayuda para pagar el recibo de la luz. Podrá alcanzar los 1.200 euros de media anual.
Avales para viviendas.
La Xunta también avalará un 20% de las hipotecas de menores de 35 años para la compra de su primera vivienda hasta un máximo de 35.000 euros para fomentar la emancipación juvenil.
Material escolar.
Rueda avanzó hace unos días un cheque para material escolar de 75 euros que beneficiaría a 90.000 familias. La medida de la Xunta se ampliará a 140.000 hogares el año próximo.
Incendios.
El personal del servicio de prevención y extinción de incendios forestales tendrá por primera vez contratos de un año de duración, aumentando tres meses los nueve actuales. Diez millones se destinarán a luchar contra la sequía y 18 a la recuperación de zonas quemadas.
Autopistas.
El presidente de la Xunta pidió al Gobierno central congelar los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53, como hará la Xunta con las autonómicas A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona. Rueda también exigió presentar el recurso para frenar el veto a la pesca de fondo, que el Ejecutivo de Sánchez estudia.
Por otra parte, el Parlamento aprobó también la ley para contratar a 130 sanitarios sin oposición durante tres años y la de áreas empresariales, que facilitará los trámites para disponer de suelo industrial. El PSdeG votó a favor de esta última por orden de la dirección gallega, pese a abstenerse en el inicio de la tramitación.
