La presión administrativa rebaja los cambios de uso de suelo ilegales

La lucha contra los incendios forestales es uno de los “pilares” del trabajo de la Policía Autonómica gallega y también lo que persigue la Administración autonómica cuando insiste en la limpieza de las franjas de seguridad o en el control de quemas. La labor de los agentes no consiste solo en investigar incendios y detener a sus presuntos autores, sino también asegurar que se cumple la legislación antes –limpieza de franjas– y después de que un fuego haya arrasado un terreno. Después también, porque en esas áreas quemadas la ley establece que, a no ser que se disponga del preceptivo permiso, está prohibido cambiar de uso el suelo o modificar los cultivos. La presión administrativa y policial ha reducido este tipo de infracciones.

Las estadísticas relativas a 2022 de la Unidade de Policía Nacional Adscrita á Xunta de Galicia (UPA) así lo demuestran. Según los datos trasladados por Vicepresidencia Segunda de la Xunta, de la que depende este cuerpo de seguridad, sus agentes tramitaron el pasado año 110 denuncias por cambio de cultivos, frente a las 278 del año precedente, lo que supone un 60 por ciento menos. Lo mismo ha sucedido con lo relacionado a cambios de uso del suelo: en este caso la reducción ha sido inferior, un 25%, al pasar de 186 denuncias a 138.

Los agentes también vigilan, del lado preventivo, por el cumplimiento de la normativa en cuanto a franjas de seguridad. La Policía Autonómica recuerda que se trata de crear espacios libres de vegetación en zonas sensibles para evitar que, en caso de fuego, las llamas progresen. En ese ámbito es donde los agentes de la UPA levantan más actas de infracción. El año pasado fueron un total de 1.393, el 85 por ciento de las denuncias derivadas de su actividad relacionada con los incendios, que también incluye supervisar el pastoreo en zonas quemadas. En 2021 la cifra fue de 1.566, un 12 por ciento superior.

Con estos datos, el volumen total de denuncias tramitadas por los agentes ha experimentado una caída del 20%. Con todo, las denuncias registradas –1.641 en 2022, frente a 2.030 del año previo– suponen una media de más de 30 por semana.

Suscríbete para seguir leyendo