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Galicia, Euskadi, Asturias y Cantabria impulsan un ‘lobby’ para empujar el Corredor Atlántico

Las cuatro comunidades se alían para llevar sus reivindicaciones con más pegada ante la UE y el Gobierno español. Se comprometen a reunirse una vez al año y a buscar el apoyo de otras autonomías de la franja atlántica

Revilla, Urkullu, Rueda y Barbón, con sus respectivas consejeras de transportes o infraestructuras, ayer, en Vitoria. | // IÑAKI BERASALUCE

El Noroeste es desde ahora más potente. Sus reivindicaciones tendrán más eco en España y en la UE. La razón es que Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco acordaron ayer impulsar una “macrorregión” y actuar como un lobby, contando también con los agentes económicos y sociales, para defender sus intereses comunes, entre los que figura, en primer lugar, el impulso al Corredor Atlántico del tren de mercancías, pero que además abarcan las conexiones de hidrógeno con Europa o los desafíos del problema demográfico. Los presidentes autonómicos de las cuatro autonomías, convocados en Vitoria por el lehendakari, Iñigo Urkullu, se unieron en un frente para que la voz de sus demandas llegue con más claridad al Gobierno de Pedro Sánchez, pero que también se escuche en las instituciones europeas.

Este lobby atlántico no quiere perder influencia en las esferas políticas donde se toman las decisiones y ante el temor a que varíe el centro de gravedad de la UE y el foco de interés se desplace al este. De hecho, el detonante de esta reunión de Urkullu con Alfonso Rueda (Galicia), Adrián Barbón (Asturias) y Miguel Ángel Revilla (Cantabria) es el retraso por parte de Francia en ejecutar el tramo del Corredor Atlántico que discurre por su territorio, de forma que no estará terminado, como muy pronto, hasta 2042, cuando el trazado español se calcula que concluirá en el horizonte de 2030, acorde con los plazos de la Comisión Europea.

Si Francia no cambia de criterio, la frontera francesa actuaría como un cuello de botella, ya que una vez modernizada la red ferroviaria en España, la de mercancías y la de pasajeros, la intensidad de los tráficos de trenes con el resto de la UE quedaría restringida dado que al norte de Hendaya la infraestructura no tendría capacidad para asumir un incremento de servicios.

Esta causa común emprendida ayer por cuatro gobiernos autónomos de distinto color político tendrá continuidad y vocación de expandirse. Su intención es reunirse una vez al año, “dar un salto cualitativo”, como destacó Urkullu, institucionalizar su “lobby de presión”, además de ampliarlo a todas las regiones del Eje Atlántico (como Navarra o Andalucía) y añadirle un foro paralelo en el que participarán agentes económicos y sociales, cuyo impulso inicial correspondería a las cámaras de comercio.

Queda por ver el papel de Castilla y León en este frente, que forma parte de la alianza del Noroeste con Galicia y Asturias para impulsar el Corredor Atlántico ferroviario.

Como anfitrión de la convocatoria en la sede del Gobierno vasco, Urkullu explicó que, en un contexto en el que se está produciendo un desplazamiento del eje de influencia europeo hacia el Este, se plantea la necesidad de solicitar a la UE la creación de una Macrorregión Atlántica. En este sentido, indicó que el objetivo es que, durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión, en el segundo semestre de este año, el Consejo Europeo “se mandará a la Comisión desarrollar una Estrategia Macrorregional para el Atlántico”.

“Hemos convenido la necesidad de trabajar como un lobby atlántico que movilice a las instituciones y a actores socioeconómicos”, añadió el lehendakari, que aspira a tener más presencia en la UE para dar visibilidad a los problemas del Atlántico.

Una de las primeras acciones será elevar la presión para que la UE y el Gobierno español empujen a Francia a cumplir con sus compromisos y ejecutar su parte del Corredor Atlántico en el horizonte de 2030.

Los cuatro presidentes coincidieron en el diagnóstico sobre sus desafíos comunes, así como en la importancia de que gobiernos de distinto signo político colaboren entre sí. “Por encima de los intereses partidistas está la defensa de nuestros territorios y ciudadanos. Tenemos razón y es necesario trasladarla”, indicó Rueda, que saludó al papel de “aliado” del País Vasco.

Barbón sostuvo que aunque el Noroeste “se ponga la pilas” con su corredor, “de nada servirá si no tienen continuidad en Francia” y Revilla, al igual que Urkullu, advirtió del “tapón” que supone Francia y del “riesgo” de que el foco de la UE se ponga en el este, dejando frenados proyectos de la costa atlántica.

En relación al corredor del hidrógeno, los cuatro presidentes expresaron su preocupación por el hecho de que no se contemple para 2030 la interconexión Atlántica del corredor HiWest y que, por el contrario, sí se recoja en dicho documento la del Mediterráneo.

El comisionado: “Sobre el documento del Noroeste hay mucho de lo que hablar”

El comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, ya tiene en su poder el documento elaborado conjuntamente por Galicia, Asturias y Castilla y León sobre las actuaciones y la inversión necesaria (7.884 millones de euros) para modernizar el Corredor Atlántico en el Noroeste. A su juicio, el informe es “válido”, pero hay que trabajarlo mucho más. “Es un punto de partida, pero le falta información. Hay incorrecciones en fechas e inversiones. Hay mucho de lo que hablar”, indicó al respecto en una entrevista a El Comercio. Preguntado qué le sobra a ese documento redactado por las tres autonomías, Sebastián Ruiz respondió que “a lo mejor” la sobra una terminal logística, pero que si aparecen tres empresas que la demandan, pues que igual la ejecutarían, sin dar más detalles. El comisionado, propuesto en el cargo por la cesada Isabel Pardo de Vera, aseguró que ahora hay voluntad de impulsar el Corredor Atlántico y de ponerlo al mismo nivel que el del Mediterráneo, pero que si el Gobierno retrasa su ejecución, él lo denunciaría. “Sí, evidentemente”, dijo. En este sentido, sostuvo que al Corredor Atlántico le faltan por invertir en su conjunto —discurre por once comunidades autónomas— 16.000 millones de euros, pero que de momento “progresa adecuadamente”.

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