La huelga de autobuses en toda Galicia el día 31 dejará en tierra a miles de pasajeros

31 de marzo. Quienes dependan del autobús ese día para ir al trabajo, a una consulta médica, a la Universidad, al colegio, a una excursión escolar o a una escapada de fin de semana tendrán que buscar un servicio alternativo. Para ese viernes, el sector del transporte por carretera ha convocado una huelga que sucederá a las protestas que ya llevaron a la calle a cientos de trabajadores en A Coruña, el pasado mes de febrero, y en Santiago, este jueves, en demanda de mejoras salariales y laborales. “La patronal tiene los convenios paralizados con el beneplácito de la Xunta”, denuncian.

Tres son los ejes de estas movilizaciones convocadas por UGT, CIG y CCOO. El primero, la actualización de los convenios, con sueldos congelados en la provincia de Lugo desde 2017, mientras que en A Coruña, Pontevedra y Ourense no se actualizan desde 2020. Una pérdida de poder adquisitivo que, denuncian, se agrava con la desorbitada inflación del último año. El segundo, la mejora del estado de los vehículos, con un mantenimiento deficitario y averías continuas. A modo de ejemplo aluden a los dos autobuses urbanos que ardieron espontáneamente en apenas dos meses, otro paralizado en Ribeira por la Policía Local por el mal estado de las ruedas. A esto se suman las quejas de pasajeros por las goteras, puertas que se abren a mitad de trayecto o asientos. Y como tercer eje de sus protestas está el estado del servicio (autobuses con falta de plazas, tardanza en los de refuerzo, madrugones para evitar quedarse sin plaza, llegadas tarde al destino). “La situación es deplorable. Esto ha provocado amenazas a los conductores e insultos. Los chóferes van en tensión porque hay bronca casi todos los días, esto genera tensión”, advierte el secretario de Transporte de la CIG, Jesús Pastoriza.

Desde la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar (Transgacar), su presidente, José Carlos García Cumplido, asegura que ser “consciente” de la situación los trabajadores, pero advierte de que “no hay margen de maniobra” para atender sus reclamaciones ya que al desembolso que tuvieron que hacer las empresas con el plan de transporte público de la Xunta en 2019, con la renovación de la flota y los contratos; y el embate de la pandemia, con un parón de la actividad, se suma ahora el impacto de la guerra en Ucrania y la desorbitada inflación.

El coste de los transportes, según detalla Cumplido, crecieron desde enero de 2020 entre un 15 y un 16% y el 15% de las empresas del sector en la comunidad se vieron obligadas a echar el cierre. En concreto, de las 300 que había hace tres años ahora operan apenas 250 ya que en ese periodo se perdieron un total de 41.

Pero la huelga del próximo día 31 no se limitará al transporte por carretera. También afectará los autobuses de urbanos de las ciudades que no tengan convenio propio y estén al amparo del provincial, como es el caso de Ferrol y Santiago.

A falta de las asambleas convocadas para ayer a las 22.30 horas en Ourense y Ferrol, en el resto de ciudades ya dieron su sí al paro del próximo día 31 y ya se daba por hecho que en las dos urbes pendientes de votación también se secundaría la convocatoria. “Habrá un seguimiento masivo, será de parón casi total, salvo los servicios mínimos que estipule la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Mobilidade”, apunta el responsable de Transporte de la CIG, que censura la actitud de la Xunta, a la que sitúan como “responsable de la situación actual” y advierten de que “a ninguna de las denuncias trasladadas ha respondido. “Está ausente. Sacó los concursos de una manera que permitía presentarse a UTEs que en el resto del estado no se podía, lo que creó un gran monopolio y destrozó el pequeño tejido empresarial de Galicia”, denuncia Pastoriza. En la actualidad, en la comunidad hay una concentración, advierten, en manos de un grupo del 80% de los servicios de viajeros, escolar y regular. Con los concursos para otorgar las líneas de transporte público, creó “un gran monopolio” con lo que “se deterioró el servicio”, mientras la Xunta —aseguran— “no vigila el cumplimiento de los pliegos”.

Los sindicatos convocantes llaman a la patronal a reactivar los convenios y que se ponga fin a la precariedad de los trabajadores, por lo que reclaman al Ejecutivo autonómico a tomar cartas en el asunto —tal y como exigieron en la manifestación convocada el jueves en Santiago— porque “se está poniendo en riesgo la seguridad del personal y de los usuarios”.

El responsable de Transporte de UGT-Galicia, Miguel Campos, advierte de la pérdida de poder adquisitivo del sector y denuncia que el salario no se corresponde con los horarios imposibles de conciliación y de responsabilidad que supone. Esta situación, detalla Campos, afecta a los más de 4.000 profesionales del sector en Galicia. “Compañeros que llevan 19 años trabajando tienen sueldos de 1.400 euros”, lamentan. Por ello, reclaman que los salarios se actualicen conforme al IPC real a nivel nacional cada año, mas un punto.

La Xunta exige de nuevo al Estado que intervenga para salvar las líneas

Las líneas de transporte de viajeros en Galicia están en peligro. La voz de alarma ya la dio la Xunta a finales del año pasado al advertir del impacto del creciente coste de los combustibles y la desorbitada inflación en el sector, por lo que reclamó la intervención del Gobierno central para garantizar la pervivencia de las concesiones a través de una excepcional revisión de precios de los contratos. Ante el anuncio de la huelga para el próximo día 31, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade urge al Ejecutivo de Sánchez que actúe “con urgencia” habilitando “una revisión excepcional de precios para los contratos de concesión de servicio público en los que no se haya incluido esta posibilidad en el pliego de condiciones, y que puede tener carácter retroactivo”. “La negativa a activar mecanismos legales que permitan a las comunidades autónomas solucionar los problemas derivados del incremento de los costes, especialmente de los carburantes, lleva a este sector a una situación de asfixia”, lamentan desde el departamento que dirige Ethel Vázquez, al tiempo que destacan que el año pasado “en el ámbito de sus competencias y para paliar el impacto del aumento excepcional del precio de los carburantes” concedió al sector ayudas por dos millones de euros. Y este año destinará 3,5 millones a estos incentivos.

Suscríbete para seguir leyendo