El Gobierno descarta rescatar la AP-9 por el “elevadísimo coste” que supondría

¿Hay alguna posibilidad de asumir el rescate de la concesión de la AP-9 para liberarla del peaje? El Gobierno tiene muy claro que eso no se puede hacer por la voluminosa indemnización que tendría que abonar a Autopistas del Atlántico (Audasa). Por tanto, a día de hoy la fecha de caducidad del pago por circular por la AP-9 es el año 2048, cuando expire el contrato de la concesión.

Así consta en una respuesta por escrito que el Gobierno central remitió al Senado para contestar al PP, interesado en saber si era posible eliminar el peaje “lo antes posible” o analizar la opción de dejar sin efecto las prórrogas de la concesión, cuya última ampliación –en el año 2000– la autorizó el Gobierno de Aznar y que cuestiona la Comisión Europea, al igual que la anterior, realizada en 1994 con Felipe González en Moncloa.

El PP quería saber si el Ejecutivo ha realizado algún estudio para eliminar el pago en todo el trayecto. “Debe remarcarse que liberar el peaje en la autopista AP-9 supone un elevadísimo coste para la Administración”, respondió el Gobierno el pasado día 13 al grupo popular del Senado. Audasa facturó el pasado año 172 millones con la última subida de los peajes y ganó 66 millones.

Añade que las autopistas de pago están reguladas por una normativa específica que establece unos derechos y obligaciones muy claros. “Entre los derechos se incluye la percepción del peaje con arreglo a las tarifas aprobadas. La supresión unilateral de dicho derecho no sólo rompería el equilibrio económico-financiero de la concesión que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones si el desequilibrio se produce por decisión de la misma, sino que desvirtuaría la propia naturaleza contractual de la concesión, al revocar el derecho esencial de una de las partes, esto es, el derecho del concesionario a percibir la prestación económica pactada”, argumenta Moncloa.

¿Y la posibilidad de anular las prórrogas? De momento tampoco está el asunto sobre la mesa, a pesar de que la UE ha abierto un expediente de infracción por considerar que el procedimiento empleado no se ajustó a la normativa europea al no sacar la prórroga a licitación pública.

“Por lo que se refiere a que se analice jurídicamente la posibilidad de revisar y dejar sin efecto la prórroga de la concesión de la AP-9, atendiendo al requerimiento de la Unión Europea en ese sentido, debe indicarse que esta cuestión está actualmente en estudio en la Comisión Europea como consecuencia de un procedimiento de infracción iniciado en septiembre de 2021. Dicho procedimiento de infracción aún no ha concluido, por lo que la información relativa al mismo está sujeta a confidencialidad. Hasta tanto no haya pronunciamiento de la Comisión Europea, el Gobierno no tiene previsto actuaciones que puedan afectar a la relación contractual de la concesión actual”, responde el Gobierno, manteniendo la misma posición, en este sentido, desde que se conoció el expediente de Bruselas.

Sobre la posibilidad de que la autopista que enlaza Santiago con Ourense y que hasta Dozón es de pago también se beneficie de una bonificación en los peajes como la AP-9, el Gobierno lo descarta alegando que la AP-53 no es comparable en funcionalidad a la Autopista del Atlántico y que tampoco tiene su “carácter vertebrador” de la comunidad.

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