La pericia delictiva reduce un 10% las alertas de fraude de los registradores

Las alarmas bajan un 30% respecto a antes de la pandemia y suman 310

Daniel Domínguez

Una empresa sin prácticamente actividad es adquirida por una sociedad con vínculos en la isla de Jersey por un importe abultado. Otra pasa a manos de un entramado cuya matriz es difícil de encontrar, pero que está relacionada con otra sociedad investigada por las autoridades. Casos sospechosos como estos generan en Galicia casi una alerta diaria por supuesto blanqueo de capitales en Galicia, aunque la pericia de los delincuentes ha reducido casi un 30% estos casos desde el año previo a la pandemia. En 2019, los registradores de Galicia activaron 433 advertencias contra posibles delitos de este tipo. El año pasado, la fue de 310, por las 346 de 2021 y las 344 de 2020, el año que irrumpió el COVID. Suman 1.433 en los últimos cuatro años.

Este colectivo asumió en 2016 unas nuevas tareas tras crearse un año antes el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Su misión es “intensificar” el control de estos delitos, reduciendo la carga de trabajo de la unidad de inteligencia financiera (Sepblac). Cuando un registrador detecta una “operación sospechosa” compruebas “el uso de medios de pago opacos, los vínculos con paraísos fiscales y las alteraciones de valor” para decidir si activa las alarmas o archiva los casos.

Registros mercantiles

La pericia delictiva, sin embargo, dificulta cada vez más sus hallazgos, que se centran principalmente en los registros mercantiles y de bienes muebles, con 163 alertas en la comunidad gallega frente a 147 en los registros de la propiedad. A nivel estatal, este último solo copa el 37,9% de casos, frente al 62% de los mercantiles y el 0,06% de los bienes muebles: 8.724 en el primer caso y 15.917 en el resto.

El total de 25.641 casos a nivel estatal también supone un descenso del 10,6% en un año, según unas estadísticas en las que destacan Madrid y Cataluña, los principales polos económicos de España. Generaron 6.075 y 5.468 alertas, respectivamente, el año pasado.