González advierte a la industria de que los ganaderos “no pueden asumir” la caída de precios

“La continua bajada en los precios empujaría a los productores a una situación de pérdidas inasumible”. Ese fue el mensaje clave que el conselleiro de Medio Rural, José González, trasladó a los principales compradores de leche gallega, tras apelar a la responsabilidad de la industria. El titular autonómico dijo no compartir “en absoluto” los análisis de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), con respecto a que los precios actuales del producto en origen lastren la competitividad de la industria. “El verdadero problema sería que las explotaciones no fueran rentables y dejasen de producir”, alegó. “No hay industria sin ganaderos”, remarcó tras una reunión en la que también participó el director xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias con representantes de las industrias lácteas y que forma parte de la ronda de contactos que mantienen con los agentes sectoriales.

“No se justifica la diferencia de precios de la leche de Galicia con otras comunidades”, añadió sobre las últimas protestas el conselleiro. “Si esta situación se prolonga en el tiempo, la Xunta tomará medidas”, ahondó, entre las que valoró recurrir a la Comisión Nacional del mercado de la competencia. Un precio de la leche que cubra los costes de producción y la rentabilidad necesaria es fundamental, remarcan desde Medio Rural, “porque los ganaderos son como cualquier otro empresario”. También aludió al recambio generacional como “muy necesario” en el sector.

Gracias a la herramienta Contaláctea —que permite tener datos fidedignos de los costes de producción—, la Xunta corrobora que, en caso de que los precios de la leche sigan bajando, los ganaderos gallegos se verían abocados la una situación de pérdidas “que no se puede asumir”. Así lo aseguraron ya antes de entrar a la reunión, haciendo una llamada a la responsabilidad y a la unión de todos los agentes y a la importancia de una estabilidad de los precios a largo plazo.

En este mismo sentido, invitaron a la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) a elaborar una campaña publicitaria para fomentar el consumo de leche con origen español, “leche que defienda los intereses de nuestros ganaderos”.

Por su parte, el sindicato UUAA aseguraba ayer en un díptico que se repartía a los clientes de un conocido centro comercial que las industrias recibieron de la Xunta 72 millones de euros en ayudas para comercialización y transformación en seis años. Unos fondos que percibieron, señalan, “a pesar de que algunas fueron sancionadas” por incumplimientos de la Ley de Cadena y abusos al sector productor. “Queremos que de los Presupuestos públicos de Galicia no puedan beneficiarse industrias lácteas que establezcan un agravio comparativo entre ganaderos gallegos y de otras comunidades” por producto de igual calidad “o superior”, recalcó el secretario xeral de la organización, que se teme rebajas hasta “menos de 50 céntimos el litro”, dijo.

Denuncias de diferencias de 5 céntimos menos por litro con productores de Asturias o Castilla

Un ganadero de leche gallego cobró de media por su producto el pasado mes de agosto 5,3 céntimos menos por cada litro en origen que un asturiano y 5 menos que uno de Castilla y León. Una “discriminación”, según denuncia Unións Agrarias (UUAA), para la que “no existen razones de mercado”, aseguró ayer en Santiago el secretario xeral de la organización, Roberto García. Sus palabras se enmarcan en una acción reivindicativa para informar a los consumidores de esta situación llevada a cabo en el centro comercial As Cancelas. Allí, ante un conocido hipermercado, el sindicato también instaló una mesa para recoger firmas a fin de pedir a la administración que “se priven de ayudas públicas” a las empresas que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria y que abonen a los productores gallegos cuantías inferiores a los que pagan a los de otras comunidades. “Esta campaña busca la complicidad de ganaderos y consumidores para tocar el único elemento que a las industrias les puede afectar, que es su cuenta de resultados”, afirmó García. De nada valen las denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) o ante el Tribunal de Competencia si las sanciones tardan 20 años en ejecutarse”, lamentó. “También pretendemos llevar al Parlamento de Galicia una regulación en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos, que no pueden solicitar una ayuda pública si tienen sanciones sin pagar”, zanjó.

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