La crisis económica causó el año pasado el mayor golpe que ha sufrido la Diputación provincial hasta el punto de poner en peligro su estabilidad económica. Así lo refleja la liquidación del presupuesto de 2010 de este organismo, en la que se señala que se gastaron 241 millones y solo se ingresaron 143, lo que supone un desfase, un déficit, de 98 millones de euros. Dicho de otro modo, este organismo gastó casi un 70% más de lo que ingresó.
La diferencia entre gastos e ingresos en 2009 fue de 3,6 millones, por lo que en comparación con los 98 de 2010 supone que la Diputación multiplicó su déficit casi por 27 en el ejercicio del año pasado.
Las razones de este brutal incremento del déficit son varias. El organismo provincial, según figura en la cuenta del resultado económico-patrimonial, vio reducidos sus ingresos en prácticamente todos los capítulos: si en 2009 percibió 144 millones de transferencias y subvenciones, en 2010 obtuvo casi 40 millones menos; las ganancias e ingresos extraordinarios se redujeron en 34 millones; y si en 2009 ganó 8,1 millones en el capítulo de otros intereses e ingresos asimilados, en 2009 fueron sólo 4,7, casi la mitad.
Esta drástica reducción de ingresos se unió al aumento de las subvenciones de capital para concellos y entidades (como el plan de obras, el POS). En 2010, año anterior a las elecciones municipales, estas subvenciones aumentaron un 69% respecto a 2009 (pasaron de 84 a 142 millones). En el aumento del gasto también influyó que esta institución financió parte del gasto de 2010 con cargo al remanente de 2009.
La Diputación consiguió reducir un 10% el gasto en personal respecto a 2009 (como consecuencia de las medidas de ahorro dictadas por el Gobierno central en mayo del año pasado) pero esta bajada no redujo en nada el déficit.
El propio interventor de la Diputación, en un informe sobre la liquidación de 2010 firmado el 18 de abril de este año, pone de manifiesto la necesidad de financiación que tiene el organismo provincial, es decir que éste no tiene capacidad por sí mismo de financiar sus gastos sin recurrir a endeudamiento externo. La necesidad de financiación que tiene ahora la Diputación, según el interventor, es de 11 millones.
La ley de estabilidad presupuestaria dice que las administraciones públicas tienen que tener un equilibrio económico-financiero, es decir, que ingresen tanto como gasten, para que la diferencia sea cero. Sin embargo el Gobierno central, debido al inicio de la crisis económica, flexibilizó esta norma y permite un cierto margen de déficit.
La Subcomisión de Administración Local del Gobierno central acordó el pasado 28 de abril permitir un déficit siempre que no sea superior al 5,53% de los ingresos (los no financieros consolidados). En el caso de la Diputación, el total de ingresos no financieros fue en 2010 de algo más de 157 millones de euros y el 5,53% de esta cantidad son 8,7 millones. El organismo provincial por lo tanto no podría tener una necesidad de financiación superior a 8,7 millones y sin embargo tuvo 11 millones, como reconoce Intervención en su informe (supera el máximo en más de dos millones).
La ley de estabilidad presupuestaria establece que en los casos de que se supere este límite existe la obligación legal de elaborar y aprobar un plan económico-financiero. El informe del interventor del 18 de abril indicaba que entonces aún no se había acordado el porcentaje por parte de la subcomisión (fue diez días después, el 28).
Aún sin saber el dato, Intervención ya señaló que "por razones objetivas de prudencia" y teniendo en cuenta el "contexto actual y futuro de reducción significativa e inevitable de los ingresos no financieros de la Diputación para los ejercicios 2012 y posteriores (...) y de las estimaciones para los restantes ejercicios (...) se estima procedente proponer a la Corporación la elaboración de un plan económico-financiero de reequilibrio a corto plazo".
El interventor también señala la posibilidad de destinar parte del remanente de tesorería de 2010 (151 millones, 45 menos que en 2009) a paliar la necesidad de financiación (fijada en 11 millones). Esto sin embargo no eliminaría la obligación legal de la Diputación de, en un máximo de tres meses, elaborar dicho plan financiero para sanear las cuentas en un máximo de tres años.
Este funcionario destaca por lo tanto que la situación empeorará a partir de ahora, fundamentalmente porque tanto las subvenciones recibidas por la Diputación desde el Estado por la participación en los tributos como los ingresos por impuestos y delegaciones desde los concellos han descendido desde el año 2008 a consecuencia de la crisis y se prevé que continúen haciéndolo.
La deuda viva de la Diputación, a 31 de diciembre de 2010, según figura en el informe de liquidación, era de 93.079.252 millones de euros. El dato supone un descenso de 1,4 millones respecto de 2009. A pesar de que el dato es positivo, aunque la reducción es muy pequeña, la situación de solvencia del organismo empeoró. En 2009 el porcentaje de la deuda respecto a los ingresos liquidados era del 51,07% pero en 2010 este porcentaje subió al 61,01%, diez puntos más. Por ejemplo, si la Diputación fuese una familia y hubiese pedido un préstamo, debería menos dinero pero si un miembro queda en el paro ingresan también menos y la carga, el esfuerzo para pagar la deuda, es mucho mayor. Y el organismo provincial en 2010 ingresó menos y redujo muy poco su deuda. El año pasado se rompió la tendencia positiva de la evolución de la deuda, que desde 2006 (respecto a los ingresos) se reducía año a año. La carga financiera de la Diputación por lo tanto pasó del 7,85% al 10,04% (aumentó un 28%).
