El Partido Popular de Carballo niega que se destruyese alguna documentación sobre la contratación de personal anterior al año 2000 cuando gobernaba su partido, tal como denunció el Gobierno del BNG en el último pleno. El concejal Juan Carlos Castro, que ya formó parte del gobierno del exalcalde Manuel Varela como responsable de Hacienda, insistió en que la documentación municipal "está bajo la tutela del secretario", por lo que mostró su sorpresa por las acusaciones del Ejecutivo. "Si se destruyó algo la destruirían ellos (el BNG)", matizó.

El concejal cree que esta es una "forma de acusar sin pruebas" y de "sembrar dudas" entre la ciudadanía, aunque defiende que no se cometió ninguna irregularidad. Castro Pombo también dijo desconocer que los documentos estuviesen en poder de una asesoría externa que trabaja para el Concello, aunque indicó que de ser así habría que pedirle responsabilidades a esa empresa, no a su partido.

El edil insiste en que tiene la conciencia "muy tranquila" y critica que el Ejecutivo no acudiese antes a los tribunales si detectó alguna irregularidad, tal como alerta ahora. "Pero ellos cuando fueron a los tribunales les dieron con la sentencia en la narices", destaca el concejal popular.

Castro Pombo pide al alcalde, Evencio Ferrero, que convoque la comisión de investigación recién creada y analizar si se contrató de forma irregular a una auxiliar de ayuda a domicilio en el 2008, que fue en la lista del BNG en el 2007. El edil espera que el regidor cumpla el acuerdo plenario tomado el lunes con los votos a favor de todos los grupos de la oposición para resolver el asunto cuando antes y evitar que suceda otro espectáculo como con las oposiciones para dos plazas de Policía Local, en las que hubo sospechas de filtraciones y todavía está sin resolver el proceso.

Castro Pombo insiste en que el regidor es el único culpable de la situación porque fue quien designó a los miembros del tribunal. Después de paralizarse el proceso, el Concello remitirá el expediente al Ministerio Fiscal para que determine si hubo delito, aunque es el tribunal el que tiene que decidir si se anulan las pruebas o si siguen adelante. El PP recuerda que esto debe resolverse antes de enero porque en ese mes comienza el curso que deben realizar los futuros policías, y de no ser así habría que esperar a una nueva convocatoria.