La Dirección Xeral de Patrimonio mantiene paralizado el expediente para la declaración de La Terraza de Sada como Bien de Interés Cultural. La Consellería de Cultura inició en 2012 los trámites para distinguir este emblemático quiosco modernista y anunció que abriría el expediente tan pronto como dispusiese de la documentación completa. Dos años después, en los despachos de San Caetano no se ha movido ni un solo papel para blindar una de las joyas del patrimonio sadense.
El organismo autonómico supedita ahora la declaración como BIC de La Terraza a la aprobación definitiva del plan general de Sada. Según informó ayer la Consellería de Cultura a este medio, la catalogación de este edificio diseñado por Antonio López Hernández dependerá de la protección que le otorgue el documento urbanístico, cuya aprobación definitiva es más que improbable en la actual coyuntura política, con un gobierno en franca minoría.
La ausencia de un planeamiento aprobado no impidió a la Xunta del bipartito declarar BIC el pazo de Meirás, de propiedad privada de la familia Franco que abrió hace tres años al público con un régimen de visitas irregular (este año permaneció cerrado al público más de cuatro meses). La distinción de La Terraza llegó al pleno en varias ocasiones. La última, el pasado mes a través de una moción del PDSP que reclamaba su declaración como BIC y que fue aprobada por unanimidad.
Pese al valor patrimonial y sentimental de La Terraza, el Estado y la Xunta han fracasado en todos sus intentos de otorgarle una distinción a este emblemático edificio de hierro, cristal y madera que preside desde 1920 la fachada marítima de Sada y que fue trasladado pieza a pieza en carros de bueyes desde los Jardines de Méndez Núñez, en A Coruña. El Ministerio de Cultura inició el 24 de enero de 1975 el expediente para declarar La Terraza Monumento Histórico Artístico Nacional. Los trámites concluyeron solo cuatro meses después con la publicación de un expediente que no llegó a resolverse. La Xunta realizó una segunda intentona en 1995, pero tampoco concluyó los trámites y el expediente caducó.
El Gobierno gallego aboga ahora por esperar a la aprobación del PGOM, un documento urbanístico que se hace de rogar. El edificio modernista celebró en 2012 su centenario en horas bajas. El salitre y la falta de mantenimiento han abierto grandes desconchados en su fachada.
El plan general, aprobado inicialmente, le otorga protección integral y aboga por recuperarlo para usos públicos al término de la concesión, en 2018.
