El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Concello de Sada contra el derribo de la urbanización Porto Brasa, en O Fiunchedo. El fallo, firme, inadmite por una cuestión de forma y sin entrar ni siquiera a debatir el fondo el último intento del Ayuntamiento por evitar la demolición de este complejo residencial de 15 viviendas.
La urbanización Porto Brasa fue construida por la promotora Gervasio Carballo e Hijos al amparo de una licencia y un estudio de detalle aprobados en el año 2000, durante el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares (por entonces en el PP) y que fueron declarados ilegales por la Justicia en 2008 tras la denuncia de un particular.
Tras permanecer durante años a la sombra de la piqueta, los jueces han sentenciado al derribo a este complejo residencial. De nada han valido los intentos de los distintos gobiernos municipales por revertir la situación y evitar la demolición de las quince viviendas.
El PP, con Rodríguez Ares al frente, aprobó en 2002 un reformado del estudio de detalle que no llegó a aprobarse de forma definitiva y que entendió aprobado por silencio administrativo y en 2005, ya en el PDSP, levantó la orden de paralización que había decretado el BNG y concedió una nueva licencia de legalización. El Concello se aferró a ese permiso para reclamar la inejecución de la orden firme de derribo, pero sin éxito.
La orden de demolición llegó en 2008. El Ejecutivo presidido por Abel López Soto solicitó la inejecución de la sentencia, a lo que se opuso el TSXG al entender que no concurrían motivos de imposibilidad legal para dejar sin efecto el fallo. Los jueces concluyeron que la licencia de 2005 no legalizaba la urbanización dado que el estudio de detalle no podía entenderse aprobado por silencio administrativo y que el nuevo permiso tampoco respetaba la legalidad al amparar una parcelación indebida y una apertura de vías públicas que excedía las posibilidades del planeamiento.
El actual Ejecutivo probó un último intento, también infructuoso. El Supremo ya ni entra al fondo del asunto y ha tumbado el recurso al entender que los incidentes de inejecución de este tipo no pueden debatirse en casación. El fallo llega después de que el Superior ordenase en 2014 revisar de oficio la licencia de legalización de 2005.
Porto Brasa es una de las urbanizaciones ilegales que el Ejecutivo del PP intenta salvar de la piqueta a través del plan general. El PGOM incluye el ámbito en un plan de reforma interior que le permitía ampliar su superficie cara al sur.
