El alcalde de Miño, el independiente Ricardo Sánchez Oroza, compareció ayer ante los medios con la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, para reclamar nuevamente una ampliación del plazo de devolución del préstamo de 12,5 millones que aceptó del Estado para pagar la deuda principal a los expropiados de Fadesa.

El regidor tiene previsto reunirse próximamente con la Fegamp y espera recabar apoyo del resto de los partidos con representación en el Congreso para trasladar su solicitud al Gobierno. Se trata de un ruego in extremis, una petición a la desesperada que llega tras agotar prácticamente los dos años de carencia del préstamo sin adoptar las medidas que puso sobre la mesa Intervención en diciembre de 2015. Y que todavía hoy, con el agua al cuello, el Gobierno local se resiste a adoptar sin ofrecer una alternativa que no pase por ampliar el plazo de devolución de 10 a 30 años.

Ricardo Sánchez compareció a la rueda solo, sin sus seis socios del PP. Y dejó claro que no seguirá el consejo de Intervención de subir el IBI al 0,80. "Es una medida inasumible para los vecinos. No podemos reducir la calidad de los servicios de Miño, no entendemos ese agravio comparativo por algo de lo que los vecinos no somos responsables", sostuvo el mandatario, que se negó a avanzar qué medidas incluirá en el plan de ajuste que debe presentar sin más dilación tras la liquidación de las cuentas de 2016.

El Concello, con un volumen de deuda que casi triplica el tope legal, tiene menos de un mes para elaborar un plan económico-financiero que tendrá que elevar a pleno antes del 28 de junio. El alcalde, que se presentó en las elecciones como el azote del PP por el caso Fadesa, evitó ayer cargar las tintas contra sus ahora socios por el enorme agujero provocado por las irregularidades en la gestión del Costa Miño Golf. El regidor se limitó a decir que se trata de una deuda que tiene que asumir por "imperativo legal" y adujo que Fiscalía había archivado la denuncia impulsada por el PSOE hace ya más de dos años por un posible delito de prevaricación. "Dijo que no observaba delito y que si lo hubiese ya estaría prescrito".

Yolanda Díaz se mostró mucho más explícita. La diputada apuntó al PP como causante de las "barbaridades urbanísticas" que han conducido a Miño a este callejón sin salida y que, recalcó, no deberían pagar los vecinos. La diputada sostuvo que la alarmante situación financieira de Miño es la "herencia del anterior gobierno del PP," partido que gobierna con Ricardo Sánchez, al que invistió alcalde con solo 234 votos para mantenerse en el poder y evitar un gobierno de la lista más votada, el PSOE. La responsable de En Marea anunció que pedirá una reunión con la Secretaría de Hacienda para reclamar que se amplíe el plazo de devolución del préstamo y que presentará varias iniciativas en ese sentido ante el Congreso.

Es la primera vez que un representante de En Marea comparece ante los medios con el alcalde de Miño (que se ha mostrado afín a esta formación) y la fotografía causó sorpresa entre los políticos del municipio. A consulta de este medio, desde el entorno de la diputada quisieron dejar claro que su comparecencia con el alcalde no debe interpretarse como un apoyo de En Marea a este regidor independiente, al que Compromiso por Galicia retiró las siglas por incumplir su promesa y pactar con el PP tras presentarse como la "auténtica izquierda"

La propia diputada marcaba distancias al inicio de la rueda de prensa. "Atendemos la petición de las alcaldías, sean del color que sean, siempre que sean para defender el bien común".

Curiosamente, ha sido En Marea, una fuerza sin representación en el Concello de Miño, la primera en anunciar una iniciativa en el Congreso para solicitar la ampliación del plazo de devolución del crédito. El PP, partido mayoritario en el Ejecutivo local y con más sintonía con el Gobierno, no ha avanzado ninguna proposición en ese sentido, aunque negocia desde hace semanas un encuentro con Hacienda para tratar el asunto.

El PSOE lamenta que el Ejecutivo municipal recurriese durante todo este tiempo a a maniobras evasivas para evitar tomar medidas y carga contra el regidor por pactar con el partido que llevó a Miño a este atolladero. Los socialistas dudan que el Estado acceda a la solicitud de ampliar el plazo de devolución mientras que el Gobierno municipal siga con su "política de patada hacia delante" y porfíe en ignorar las recomendaciones de Intervención.

El BNG, sin representación en el Concello, lamentó ayer que el Ejecutivo municipal continúe con su "línea negacionista" y pretenda trasladar a la ciudadanía "la falacia de que prorrogando el plazo de devolución del crédito el problema está resuelto". Su portavoz, Olalla Barro recuerda que la deuda del Ayuntamiento supera los 30 millones y acusa al Ejecutivo de incrementarla "con su nefasta gestión". Los nacionalistas reclamaron nuevamente una auditoría del caso Fadesa y que "paguen los responsables". "La única alternativa es admitir que la deuda es impagable para la ciudadanía de Miño, juzgar a los culpables y exigir a la Xunta que asuma su responsabilidad como supervisora de todo el proceso de esta gigantesca estafa", defienden.