La diputada del PSOE en el Parlamento gallego Concepción Burgo denunció ayer la "connivencia" entre el Gobierno gallego y los herederos del dictador Franco debido a que la Administración gallega no ha tomado medidas después de las "continuas burlas intolerables" y las declaraciones de los responsables de la fundación que gestiona el inmueble, que ensalzaban la figura del Caudillo.
Tras el expediente abierto este año por la Xunta a la familia Franco porque no abrió el pazo al público los días exigidos por ley al ser un Bien de Interés Cultural (BIC), ahora de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Varias personas han intentado contactar por teléfono y por correo electrónico para poder visitar estos días el pazo y no han recibido respuesta. Justo ahora están familiares pasando el verano en el pazo. Un nuevo incumplimiento de la normativa, que tendría que dar origen a un nuevo expediente.
Los socialistas criticaron que la familia del dictador "se permita cerrar el teléfono para reservar visitas al pazo en el tiempo que duran sus vacaciones para poder continuar con sus reportajes estivales haciendo alarde de una impunidad tolerada por el gobierno que debería velar por el cumplimiento de la ley".
El partido se refirió así a declaraciones a los medios de comunicación en estos días, hechas por la heredera, Carmen Franco, en la que "alardea de la gestión de la propiedad". En una revista, esta mujer declaró: "la propiedad del pazo es nuestra y así va a seguir siendo". Los socialistas criticaron que el Ejecutivo gallego "se escuda en una supuesta falta de atribuciones que es mentira" para no tomar medidas.
