La Diputación anunció ayer la primera medida para incorporar el pazo de Meirás al patrimonio público. Tras una reunión de la Junta Pro Devolución para dar cuenta del informe histórico-jurídico, el Gobierno provincial avanzó que convocará de urgencia una junta de portavoces para acordar una moción en la que instar a Patrimonio Nacional a iniciar los trámites para recuperar este Bien de Interés Cultural "expoliado" durante la Guerra Civil y propiedad aún hoy de los herederos del dictador.
Se trata de una de las actuaciones acordadas por la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás, de la que forman parte Diputación, cuarenta concellos y otras tantas entidades sociales, culturales y de recuperación de la memoria histórica. La junta acordó también solicitar entrevistas con el presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, el presidente del Parlamento y con todos los grupos parlamentarios para trasladarles las conclusiones de los informes y pactar una estrategia coordinada.
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; la vicepresidenta, Goretti Sanmartín y los coordinadores del informe, Emilio Grandío y Xabier Ferreira, comparecieron ayer en rueda de prensa para informar de las conclusiones y avanzar los pasos para despojar a los herederos del militar golpista de un inmueble que funcionó como residencia oficial de veraneo durante toda la dictadura.
El presidente provincial sostuvo que las conclusiones de los informes "abren una puerta a la esperanza" y expresó su confianza en recuperar el pazo de Meirás y dejar atrás décadas en las que se ha ofrecido una "lamentable imagen del país".
La vicepresidenta calificó de "sólido y riguroso" el informe histórico-jurídico y apeló a la necesidad de un "pacto del conjunto de las fuerzas políticas y de todas las administraciones" para lograr que el pazo de Meirás sea un bien público.
El procedimiento que proponen para recuperar el pazo de Meirás pasaría porque Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, reclame de oficio el inmueble y presente una demanda por la vía civil para anular el título de propiedad. Los juristas destacan en su informe la Ley de Patrimonio establece que las "Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio" y que esta acción, al tratarse de bienes públicos, podrá "ejecutarse en cualquier tiempo".
El coordinador del informe jurídico, Xabier Ferreira, considera que existen indicios concluyentes de que la compraventa inscrita en el registro en 1941 fue una "absoluta simulación", una artimaña del dictador para eludir la Ley de Patrimonio Nacional de 1940 y garantizar la propiedad a título de propiedad. En su informe, este experto destaca que el pazo había sido donado en 1938 al dictador y que hay documentación que acredita las suscripciones y el desvío de fondos públicos para la compra del inmueble.
Los expertos advierten de la importancia de iniciar la vía para exigir la titularidad pública del pazo al tiempo que se reclama vía judicial la anulación de la compraventa. La anulación del título de propiedad no sería suficiente, ya que los Franco podrían mantener la titularidad por usucapión alegando que durante 30 años no hubo ningún tipo de reclamación (la adquisición de un bien por usucapión se logra a través de la posesión ininterrumpida de un bien durante treinta años sin necesidad de título ni de buena fe).
El anuncio de la venta del pazo a través del portal inmobiliario Mikeli ha llevado a las distintas administraciones a agilizar los trámites para recuperar este Bien de Interés Cultural. La Xunta reunió a la comisión de expertos a petición del Concello de Sada, que fue el primero en proponer recurrir en vía civil el título de propiedad del pazo de Meirás. El Gobierno gallego tiene previsto convocar de nuevo la comisión en un par de semanas para acordar si se suma o no a esa vía.
Los constantes desafíos de la familia Franco, que incumplió de forma reiterada el régimen de visitas del BIC y que encomendó su gestión a la Fundación Francisco Franco para que ensalzase la "grandeza" del dictador, ha logrado crear un consenso político a favor de recuperar el inmueble. El PP ha pasado de rechazar las propuestas para incorporar el pazo al patrimonio público a sumarse a "todas aquellas medidas" encaminadas a conseguirlo.
Feijóo duda de la compra
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, expresó ayer sus dudas de que alguien esté interesado en comprar el pazo de Meirás "cuando se está estudiando su incorporación al patrimonio público". "Hay bastantes rumores sobre el interés de la familia Franco sobre la venta o no venta del pazo. No sé cuánto de serio hay, pero para mí, muy poco", sostuvo Feijóo, que recordó que la familia está obligada a notificar cualquier propuesta de compra, sobre la que podría ejercer derecho de tanteo.
En Marea por su parte ha reclamado en el Congreso que la Abogacía del Estado se incorpore al proceso de recuperación del pazo.
