El Juzgado de Instrucción número 4 de Betanzos ha citado a declarar en calidad de investigados a los exacaldes de Miño Juan Maceiras y Jesús Veiga, ambos del PP, por un supuesto delito de prevaricación administrativa. El proceso se abre a instancias del PSOE , que denunció un posible fraccionamiento de contratos y su adjudicación a través de negociados sin publicidad "para beneficiar a determinadas mercantiles". Los dos exregidores están citados a declarar el 22 de mayo.
Los contratos que investiga ahora la Justicia se licitaron 2007, con Juan Maceiras de alcalde y Jesús Veiga, como su número dos (solo Veiga sigue en política). Las obras salieron a concurso en vísperas de las elecciones de 2007. Los comicios se celebraron el domingo 27 de mayo y las resoluciones de Alcaldía se firmaron solo tres días antes, el viernes 24, según la documentación adjuntada a la denuncia.
Según la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, se trata de varios contratos de arreglos de caminos y de iluminación. El juzgado investiga si estos trabajos fueron fraccionados irregularmente para reducir su cuantía y poder contratarlos a través de procedimientos negociados sin publicidad -una fórmula considerada excepcional que limita la concurrencia y que permite al ayuntamiento invitar directamente a las empresas-.
Entre otros contratos, los socialistas denunciaron que una obra de alumbrado en Bemantes se dividió entre el margen derecho por 59.954 euros y el izquierdo por 59.125 euros en lugar de formar un único lote y que otro de iluminación en Bañobre se dividió también en dos contratos, valorados en 59.807 euros y 59.822 euros.
Un procedimiento similar se siguió para la contratación de las obras de afirmado de caminos en Callobre, dividido también en dos tramos, cada uno de 58.795 euros y 59.795 euros.
Los socialistas hacen hincapié en su denuncia en que la ley en vigor en aquel momento amparaba los contratos negociados sin publicidad siempre y cuando la cuantía fuese inferior a los 60.101 euros y afirman que el fraccionamiento obedeció únicamente a evitar la concurrencia de licitadores.
Los contratos fueron informados desfavorablemente por la interventora municipal, que apeló al hecho de que no existía dotación presupuestaria ni acta de replanteo del proyecto. El Gobierno local del PP desoyó la advertencia y levantó los reparos en un pleno celebrado el 4 de mayo de 2007.
Otros procesos judiciales
La investigación de los contratos adjudicados por el Concello en 2007 no es el único procedimiento judicial en curso. El juzgado investiga también el sobrecoste en las obras del bulevar de A Carreira bulevar de A Carreira, que fue denunciado por el PSOE y posteriormente también por el propio Concello. La Justicia abrió también diligencias tras una denuncia del actual alcalde por un contrato de sus ahora socios de gobierno.
